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El COAGC estrena estatutos: todo lo que cambia en la profesión

Los arquitectos de Gran Canaria cuentan desde esta semana con nuevos estatutos. El texto completo redefine el funcionamiento interno, las competencias del colegio y el régimen de sanciones ante malas prácticas.

Los arquitectos de Gran Canaria estrenan normas de juego. El Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria (COAGC) ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias la modificación completa de sus estatutos, que ya están en vigor tras ser inscritos en el registro oficial el pasado 24 de agosto.

Datos clave

En vigor
Desde el 24 de agosto
Agrupaciones
Mínimo de 12 miembros
Ámbito
Arquitectos de Gran Canaria

Se trata de un documento exhaustivo que regula desde la estructura de los órganos de gobierno hasta el régimen disciplinario. Los cambios tocan la fibra del funcionamiento cotidiano: las asambleas, la composición de la junta de gobierno, el sistema de visados y el régimen económico de esta corporación de derecho público.

Para el colegiado, la nueva redacción detalla con precisión sus derechos y deberes, incluyendo la posibilidad de recurrir acuerdos de la junta de gobierno o la obligatoriedad de observar la deontología profesional bajo amenaza de sanción. El colegio pone especial énfasis en el control de la actividad profesional, reafirmando su potestad para perseguir el intrusismo y velar por la independencia técnica de los arquitectos.

La organización interna también sufre ajustes. Se definen las funciones de la junta de gobierno, del decano, del secretario y del tesorero, además de establecer un marco para las agrupaciones voluntarias de arquitectos, que podrán constituirse con un mínimo de doce miembros. El régimen presupuestario se vuelve más pormenorizado, con obligaciones de auditoría externa y una estructura de ingresos y gastos que busca dar mayor transparencia a las cuentas.

El documento dedica un bloque amplio al régimen disciplinario, catalogando infracciones desde las leves hasta las muy graves. Las sanciones pueden llegar a la expulsión del colegio, con sus consiguientes efectos en todo el territorio nacional, y se establecen plazos claros de prescripción y cancelación de antecedentes.

Estos estatutos sustituyen a la normativa anterior y marcan el nuevo rumbo administrativo para la profesión en la isla. La junta de gobierno tiene ahora el mandato de adaptar los reglamentos internos a este nuevo marco general para asegurar que la maquinaria colegial siga funcionando con las nuevas reglas.

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