Nueve designados para el concurso de méritos de la Policía Canaria
Ver las 19 oposiciones abiertas en Canarias →La Dirección General de Seguridad ha nombrado al personal que dará soporte administrativo y técnico al proceso. Son nueve los profesionales elegidos para garantizar la operativa, ya abierta a posibles recusaciones.
El concurso de méritos para ampliar la plantilla de la Policía Canaria ya tiene a sus nueve figuras de apoyo designadas. El proceso, convocado el pasado mes de julio para cubrir diferentes puestos entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuenta desde esta semana con el personal necesario para gestionar el flujo de expedientes y la validación técnica.
Datos clave
- Recurso
- 1 mes para reposición
- Personal designado
- 9 profesionales
- Funciones
- 6 apoyo administrativo y 3 asesoría técnica
La Dirección General de Seguridad ha nombrado a seis personas para las labores de colaboración administrativa y a tres especialistas para la asesoría técnica. Se reparten las tareas de apoyo material y auxilio técnico, garantizando que el tribunal cuente con soporte operativo sin que esto altere el peso de las decisiones finales.
El equipo de colaboración, encargado de las funciones auxiliares y de gestión de documentos, está integrado por Nayra María Berdún Catellano, Abel Giovanni Franco Álvarez, Salomé Henríquez Fuentes, Alicia Esther López Betancor, Leticia Gamboa Salto y Paula Andrea León Reyes. Su papel es estricto: apoyo material puro sin acceso a la valoración de los candidatos.
Por otro lado, la asistencia técnica recae en Andrea Cristina Gómez García, Jorge José Robles Forns y Ventura Jonathan Pérez López. Estos tres asesores actuarán con voz pero sin voto en la Comisión de Evaluación, limitando su intervención a sus respectivas especialidades técnicas.
Las reglas de juego son claras. Los asesores especialistas deberán firmar una declaración responsable de ausencia de conflictos de interés antes de tener contacto con la documentación de los aspirantes. El régimen de abstención y recusación es el estándar para proteger la transparencia del procedimiento.
El nombramiento es definitivo en vía administrativa. Si alguna de las partes interesadas detecta motivos para impugnar, el plazo para el recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Seguridad es de un mes.
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