Nuevas ayudas para dinamizar el comercio rural en Canarias

El comercio de proximidad en nuestros pueblos tiene, desde esta semana, una nueva hoja de ruta para intentar frenar el deterioro de sus cascos históricos. El Gobierno de Canarias ha publicado las nuevas bases reguladoras para las ayudas destinadas a las Zonas Comerciales Abiertas Rurales, un cambio de normativa que busca separar de una vez por todas los proyectos de mercados tradicionales de las necesidades específicas del pequeño comercio en municipios de menos de 15.000 habitantes.

Esta nueva regulación, que ya está en vigor, establece un marco de ayudas en régimen de concurrencia competitiva diseñado para profesionalizar la gestión de estas zonas comerciales al aire libre. La intención es clara: incentivar la contratación de gerentes o dinamizadores que logren que el pequeño comercio rural sea algo más que una alternativa al centro comercial de las ciudades.

Los proyectos que aspiren a estas subvenciones pueden cubrir hasta el 80 por ciento de la inversión aprobada, con un tope máximo de 15.000 euros por proyecto. Existe una excepción para los proyectos pequeños, ya que se puede financiar hasta el 100 por ciento si el coste total no supera los 8.000 euros y la entidad acredita que carece de recursos propios suficientes para afrontarlo.

La baremación de los proyectos prioriza la capacidad de gestión y la representatividad de las asociaciones. Hasta 32 puntos dependerán del nivel de gestión de la zona, incluyendo la existencia de una gerencia profesional, una imagen corporativa unitaria y un plan estratégico previo. La capacidad de atraer transeúntes y el número de comercios asociados también pesan en la puntuación final.

El Gobierno de Canarias permitirá el abono anticipado de estas ayudas sin necesidad de constituir garantías, un alivio necesario para las entidades sin ánimo de lucro que suelen estar detrás de estos consorcios. A cambio, se exige una contabilidad separada y estricta para cada euro percibido, además de una transparencia total en la rendición de cuentas.

Los interesados deberán presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, utilizando obligatoriamente un certificado digital. La convocatoria especificará los plazos concretos de presentación, que por ahora permanecen abiertos a futuras resoluciones.

La normativa excluye a quienes no estén al corriente con Hacienda o la Seguridad Social, así como a las entidades que hayan sido declaradas en concurso de acreedores. Se busca, según el texto oficial, una mayor eficacia y una mejor adaptación a la realidad comercial actual de las islas. Ahora, el turno es de los ayuntamientos y asociaciones para preparar sus planes de dinamización.