Hipoteca Joven en Canarias: garantías públicas para comprar tu primera casa

El Gobierno de Canarias activa una nueva vía para facilitar la compra de la primera vivienda. El decreto publicado este lunes articula un programa de garantías públicas destinado a jóvenes de hasta cuarenta años y a familias con menores a su cargo, quienes a menudo tienen solvencia para pagar la letra mensual pero carecen del ahorro inicial suficiente para cubrir el 20 por ciento que los bancos suelen exigir como entrada.

La medida busca que las entidades financieras adheridas al programa puedan financiar hasta un 95 por ciento del valor de tasación o del precio de compraventa del inmueble. La Administración autonómica actuará como avalista sobre ese tramo adicional, permitiendo así que el comprador aporte solo un 5 por ciento de capital inicial. Este respaldo público tiene una vigencia de diez años desde la firma de la hipoteca, o bien hasta que el capital pendiente se reduzca al 80 por ciento del valor de la vivienda.

Para acceder a estas garantías, los solicitantes deben cumplir una serie de requisitos específicos. Es imprescindible acreditar una residencia continuada en Canarias durante los dos años anteriores a la solicitud, salvo excepciones por motivos laborales o de estudios. Además, el patrimonio neto de cada solicitante no puede superar los 150.000 euros, y los ingresos de la unidad de convivencia tienen un tope marcado en cinco veces el IPREM en 14 pagas, cifra que aumenta en función del número de menores a cargo o en el caso de familias monoparentales.

La vivienda elegida tampoco puede ser cualquier propiedad. Debe estar ubicada en Canarias, tener una superficie útil máxima de 120 metros cuadrados y un precio de adquisición, sin incluir impuestos, igual o inferior a 250.000 euros. Quedan fuera del programa las viviendas de protección oficial de promoción pública, salvo excepciones, y aquellas que ya tuvieran una hipoteca previa constituida bajo el mismo título de transmisión.

El programa entrará en funcionamiento tras la firma de los convenios con las entidades bancarias, que deberán ser entidades con grado de inversión y presencia física en el archipiélago, con especial atención a municipios de menos de 10.000 habitantes. Las entidades no recibirán compensación económica por gestionar estas operaciones, pero deberán participar activamente en la difusión del programa.

El Instituto Canario de la Vivienda supervisará el cumplimiento de estas condiciones. Si se detecta que una entidad bancaria muestra una ejecución baja en los primeros cuatro meses de vigencia del convenio, la Administración podría retirar los fondos depositados para redistribuirlos entre otras entidades colaboradoras con mayor actividad.

Las personas beneficiarias se comprometen a destinar la vivienda a residencia habitual y permanente durante todo el periodo en que esté vigente la garantía. El alquiler de la vivienda solo se permitirá de forma excepcional ante cambios de vida significativos, como un divorcio, la constitución de una pareja de hecho o un traslado laboral.

El decreto ya está vigente. Los interesados deberán esperar a que se aprueben las órdenes departamentales que concretarán los modelos de convenio y los impresos necesarios para formalizar la solicitud ante su banco. Las condiciones básicas ya están puestas sobre la mesa.