Canarias estrena la carta de servicios de protección a la infancia
La Dirección General de Protección a la Infancia fija nuevos plazos y metas de calidad para once servicios clave, desde la adopción hasta la gestión de escuelas infantiles.
Si tienes relación con el sistema de protección a la infancia y las familias en Canarias, desde esta semana hay una nueva guía de compromisos oficiales. El Boletín Oficial de Canarias ha publicado la Carta de Servicios de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, un documento que detalla qué calidad de atención puedes esperar al solicitar ayudas, pedir plazas en escuelas infantiles o iniciar trámites de adopción.
Datos clave
- Plazo de guarda
- Inferior a 3 meses
- Plazo subvenciones
- Inferior a 8 meses
- Espera cita
- Menos de 20 minutos
- Resolución quejas
- Máximo 3 meses
El texto, aprobado por la directora general Sandra Rodríguez González, nace de un equipo de trabajo constituido en noviembre de 2025 y pretende ser el espejo donde los ciudadanos miren si el servicio público funciona como debe. No es un simple catálogo de buenas intenciones, sino que fija umbrales concretos de gestión para once áreas clave de trabajo.
Uno de los puntos que más afectará al día a día de las familias es el compromiso sobre las solicitudes. Para trámites como la guarda voluntaria, se establece un plazo máximo de resolución de tres meses. En el caso de las subvenciones, el límite se amplía a ocho meses, mientras que las habilitaciones para entidades colaboradoras deben resolverse en 90 días naturales desde la presentación completa de la documentación.
La atención presencial también cuenta con baremos específicos. La administración se compromete a que, en el 90 por ciento de los casos, la espera para una cita previa sea inferior a 20 minutos. Además, se garantiza la interoperabilidad con otras administraciones para evitar que los padres tengan que aportar documentos que el sector público ya posee, un alivio burocrático que debería simplificar el papeleo de las familias numerosas.
Si el servicio no cumple con estos estándares, la carta recuerda que existe un sistema de sugerencias y reclamaciones. El ciudadano tiene derecho a recibir una contestación en un plazo máximo de tres meses. Si la respuesta no llega o resulta insuficiente, el usuario puede elevar su queja ante la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos.
La carta es vigente desde su publicación.
La transparencia es el objetivo final de este despliegue técnico. El informe anual de resultados será público en el portal de transparencia del Gobierno de Canarias, permitiendo ver qué metas se alcanzaron y dónde se falló. Este es el compromiso escrito.
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