Canarias ajusta su plan de subvenciones sociales con 13,1 millones

El Gobierno de Canarias ha decidido mover ficha en su planificación social de cara al próximo año. La Consejería de Bienestar Social ha publicado una modificación técnica en su plan estratégico que afecta de lleno a tres líneas de actuación clave para la integración en las islas. El ajuste no es un mero cambio de palabras: reconfigura la hoja de ruta presupuestaria para el periodo que abarca desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 31 de octubre de 2027.

La inyección de fondos prevista para este paquete de medidas roza los 13,2 millones de euros. El grueso de la inversión, 6.113.535 euros, se destina al programa de asistencia material básica y proyectos dirigidos a personas en situación de sinhogarismo, buscando mejorar la cobertura de necesidades básicas y el acceso a recursos alojativos de corta estancia.

Otros 5.750.000 euros se reservan para la acción social institucional enfocada en la integración de personas en exclusión social. Esta línea busca reforzar los programas de atención integral, un pilar que el Ejecutivo regional considera prioritario dentro de su despliegue en las islas.

Finalmente, el ámbito de la inmigración recibe una partida de 1.250.000 euros. Estos fondos tienen como objetivo facilitar la acogida y la inclusión, incluyendo desde el refuerzo del castellano hasta la creación de espacios de sensibilización o la mejora de los recursos alojativos para este colectivo.

Los cambios nacen de una propuesta de la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración, validados por los informes presupuestarios necesarios para ajustar el plan a la realidad actual. La consejera María Candelaria Delgado Toledo ha dado el visto bueno definitivo a estos ajustes, que ya figuran publicados y listos para su aplicación.

Esta modificación no altera las normas de justificación para las entidades que resulten beneficiarias. La memoria de actividades, la documentación justificativa ajustada a cada programa y las visitas de seguimiento siguen siendo los ejes sobre los que el Gobierno evaluará la correcta ejecución de los proyectos. Las medidas correctoras, llegado el caso, mantienen el margen habitual para ajustar periodos o porcentajes de cofinanciación sin perder el norte de los objetivos establecidos.