El centro infantil CPEI Esther, colaborador del Bono infantil
El centro privado CPEI Esther se suma al programa regional de ayudas para la escolarización de 0 a 3 años. El acuerdo regula la tramitación de las solicitudes y la gestión de fondos para las familias.
El centro privado de educación infantil CPEI Esther asume nuevas funciones en la gestión de las ayudas para el primer ciclo de educación infantil en Canarias. Tras la firma del convenio de cooperación con la Consejería de Educación, el centro de Antonia Esther Díaz Marrero se convierte en entidad colaboradora para el programa Bono infantil.
Datos clave
- Plazo
- 5 días hábiles para revisar solicitudes
- Vigencia
- 2 años, prorrogables hasta 6
- Capacidad
- 37 plazas para alumnos de 0 a 3 años
- En vigor
- Desde su publicación
El acuerdo busca facilitar el acceso a la escolarización temprana mediante la tramitación de estas ayudas directas. El centro, con código 35015930, tiene una capacidad autorizada de 37 plazas para los alumnos de 0 a 3 años.
La entidad colaboradora será responsable de recibir y revisar las solicitudes de las familias en un plazo de cinco días hábiles. También gestionará los descuentos en las cuotas escolares y comunicará las altas y bajas del alumnado al Ejecutivo autonómico.
El convenio, que tiene una vigencia de dos años prorrogables hasta un máximo de seis, no conlleva compensación económica adicional para el centro. Las transferencias de fondos por parte de la Consejería se realizarán en tres periodos sucesivos a lo largo del curso.
La transparencia y la protección de datos son piezas clave del acuerdo. El CPEI Esther debe garantizar la seguridad de la información personal de las familias y someterse a las auditorías de control de la Dirección General de Administración de Centros.
Cualquier incumplimiento de las obligaciones asumidas, como la falta de justificación o el falseamiento de datos, podría derivar en la resolución del convenio. El centro también deberá publicar de forma visible su participación en el programa en sus instalaciones.
Las familias beneficiarias deberán remitir al centro las facturas abonadas para que este pueda gestionar los fondos asignados. Todo el personal que intervenga en el proceso está obligado a guardar sigilo profesional sobre la información sensible que maneje.
El convenio ya está en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Las partes han fijado que cualquier controversia sobre la aplicación del acuerdo se resolverá en la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
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