Canarias reparte 200.000 € para eventos deportivos entre 90 solicitudes

El deporte en Canarias mueve pasiones y, a veces, también ajustes de cuentas presupuestarios. La Dirección General de la Actividad Física y el Deporte ha cerrado definitivamente el reparto de los 200.000 euros destinados a apoyar eventos oficiales en las islas, y el balance final muestra que el rigor administrativo no perdona ni siquiera a las regatas o al atletismo de élite.

El proceso, que arrancó con 90 solicitudes presentadas entre abril y mayo de 2026, ha dejado un rastro de alegaciones que ilustran lo difícil que es encajar un proyecto en los criterios técnicos del Gobierno. Tras aplicar una fórmula de reparto proporcional ante la alta demanda, la resolución ha confirmado recortes en las ayudas de numerosos beneficiarios debido a irregularidades en la justificación de gastos, con casos extremos donde el recorte supera el 50 por ciento del importe inicialmente previsto por gastos considerados no subvencionables.

Las explicaciones de los solicitantes, que intentaron corregir omisiones o errores materiales en sus memorias durante el periodo de alegaciones, toparon con un muro infranqueable. La Comisión de Valoración ha sido tajante: las bases no admiten modificaciones sustanciales de la naturaleza de los eventos una vez presentada la solicitud inicial. Desde un club que pretendía reclasificar un evento como prueba de interés especial tras haberlo definido como circuito, hasta aquellos que corrigieron días de duración a la baja, todos han visto cómo sus aspiraciones de mayor puntuación se esfumaban ante la rigidez de los criterios de valoración.

El expediente refleja el caso de varias entidades que, pese a figurar en el listado de proyectos estimados, han visto cómo su puntuación en apartados clave, como el tipo de prueba o la duración, quedaba a cero por inexactitudes en la información aportada. En el caso concreto de una prueba atlética, el intento de rectificar la duración de 175 días a solo dos jornadas fue interpretado por la administración no como una aclaración, sino como una modificación sustancial que invalidaba el criterio para la valoración.

La transparencia ha sido la nota dominante en el cierre de esta convocatoria, con un muestreo aleatorio del 5 por ciento de los expedientes concedidos que ha ratificado la corrección en la aplicación de las ayudas. Para aquellos beneficiarios que no lograron justificar el coste total del proyecto, el resultado ha sido una reducción proporcional de la subvención, aplicando la tijera de forma casi quirúrgica según el porcentaje de gasto que sí logró ser validado.

Entre los excluidos, las razones han sido variopintas: desde la duplicidad de solicitudes hasta la presentación de candidaturas por personas físicas, algo prohibido por las bases, o la exclusión directa de eventos que, pese a ser de ámbito oficial, no formaban parte de los calendarios internacionales o nacionales exigidos. La resolución, que ya agota la vía administrativa, marca el punto final para las reclamaciones de esta edición, dejando claro que, cuando se trata de fondos públicos, la letra pequeña de la memoria técnica pesa tanto como el propio evento.