Cajasiete gestionará las cuentas del Tesoro de Canarias

El Tesoro de la Comunidad Autónoma de Canarias ha formalizado un nuevo convenio de colaboración con Cajasiete, Caja Rural, S.C.C., para gestionar las cuentas corrientes operativas desde las que la administración pública afronta sus pagos. El acuerdo, firmado el 15 de junio de 2026, define cómo se moverá el dinero público en los próximos dos años, prorrogables por otros dos.

El convenio abarca a un listado concreto de entes con presupuesto limitativo, entre los que figuran organismos como el Servicio Canario de la Salud, la Agencia Tributaria Canaria y Radiotelevisión Canaria. En total, son 15 entidades iniciales, aunque el pacto permite la incorporación de nuevos organismos que se creen en el futuro.

Una de las claves del acuerdo es la gratuidad de la operativa básica para la administración. Cajasiete no cobrará comisiones por la constitución, el mantenimiento ni la administración de las cuentas, ni repercutirá gastos derivados de servicios de terceros. Solo en el caso de transferencias internacionales fuera de la zona SEPA se contemplan costes: un 0,10 por ciento, con un máximo de 150 euros por operación.

El banco pondrá a disposición del Tesoro un sistema de banca electrónica sin coste adicional. A través de esta plataforma, la administración podrá obtener extractos y justificantes de todos los movimientos con un detalle exhaustivo, con la obligación para la entidad de tenerlos disponibles en un plazo máximo de 24 horas tras la ordenación de las operaciones.

Para evitar errores en los pagos, cada transferencia SEPA deberá identificarse con un código numérico de hasta 12 dígitos, la denominada clave de tesorería, que aparecerá en los extractos bancarios. Si el banco no pudiera procesar alguna transferencia, deberá proceder a su abono inmediato en la cuenta del ordenante, detallando siempre el motivo y los datos del destinatario.

El convenio establece una comisión de seguimiento paritaria, con dos representantes de cada parte, que se reunirá al menos dos veces al año para vigilar la ejecución del contrato y resolver posibles controversias. En caso de desacuerdo insalvable, el pacto prevé su extinción, aunque la vocación es mantener esta alianza técnica durante al menos los próximos 24 meses.