Canarias abre el plazo para elaborar los Presupuestos Generales de 2027

Ya está en marcha la maquinaria para diseñar las cuentas públicas de Canarias para el próximo ejercicio. La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea ha publicado las instrucciones que marcan el paso a todos los entes del sector público, desde el Parlamento hasta las fundaciones autonómicas, para que tengan sus números listos antes de que el otoño se instale en el calendario.

El grueso de la información debe llegar a la Dirección General de Planificación y Presupuesto antes del 4 de septiembre de 2026, fecha límite para remitir las propuestas de gastos corrientes y financieros a través del aplicativo SEFLOGIC. Las oficinas presupuestarias tienen trabajo por delante, pues el documento detalla con precisión quirúrgica cómo deben estructurarse los datos, desde la clasificación funcional hasta la obligada evaluación de impacto de género.

Los plazos son estrictos y encadenados. Si el 4 de septiembre es el día clave para los gastos corrientes, otras piezas del puzle tienen su propia fecha en el calendario. La Agencia Tributaria Canaria y la Viceconsejería de Hacienda tienen hasta el 18 de septiembre para aportar sus estimaciones de ingresos y previsiones normativas, mientras que la Intervención General cerrará el ciclo de entregas principales el 25 de septiembre con los ajustes derivados de la contabilidad nacional.

No es solo rellenar formularios, es justificar cada euro. Las memorias económicas y justificativas son obligatorias y deberán explicar cualquier incremento en gastos de personal o la creación de nuevas unidades administrativas temporales, que además deben incluir en su denominación la finalidad de su creación siguiendo el formato UAT PARA.

Para el personal, la referencia es clara: se tomará como base la plantilla existente a fecha de 6 de agosto de 2026. Cualquier movimiento posterior requerirá malabarismos presupuestarios adicionales tanto para este año como para el siguiente, según advierte la orden.

El rigor en la estabilidad presupuestaria no es negociable. La norma recuerda que cada propuesta debe alinearse con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, vigilando que los entes estimativos no se desvíen de la senda marcada por el Estado.

Si algo falla en los plazos, el sistema es implacable. Pasado el tiempo de entrega y validación, la Dirección General de Planificación y Presupuesto bloqueará el escenario, dejando a las unidades solo con la capacidad de consultar, pero ya no de rectificar el rumbo de sus presupuestos.