Canarias y AESA pactan quién autoriza sus aeródromos restringidos

El aire que sobrevuela las islas no es tierra de nadie, pero tampoco está siempre claro quién debe poner el sello en cada papel. El Gobierno de Canarias y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) han firmado un convenio para dejar las reglas de juego claras en lo que respecta a los aeródromos de uso restringido, desde helipuertos sanitarios hasta pistas privadas.

Todo se reduce a una cuestión de competencias: el Estado vela por la seguridad aérea global, pero el Estatuto de Autonomía de Canarias da al archipiélago la última palabra sobre las infraestructuras que no son de interés general. Ese choque entre el "qué debe hacerse" y el "quién debe autorizarlo" ha terminado en este acuerdo que busca evitar vacíos legales.

El convenio, suscrito el 15 de junio de 2026, tiene una vigencia inicial de cuatro años. A partir de ahora, será el Ejecutivo regional quien autorice el establecimiento, la apertura y las modificaciones de estos aeródromos. Por su parte, AESA se encargará de comprobar que todo cumple con las normas técnicas de seguridad, una tarea que requiere ojos expertos y mucha precisión.

Los aeródromos eventuales también entran en el plan. Son esas superficies que no operan de forma permanente, sino por necesidades puntuales. Ahora, la comunicación será más fluida: basta con informar a AESA de su ubicación y periodo de uso. La seguridad jurídica gana peso.

El acuerdo no mueve ni un solo euro. No hay contraprestaciones económicas, solo una red de trabajo coordinado. Se crea una Comisión de Seguimiento, con representantes de ambos organismos, que se reunirá como mínimo una vez al año para que nada se escape del radar.

El personal técnico del Gobierno canario podrá incluso formarse en los cursos de AESA. El convenio ya está publicado. La gestión aérea en Canarias tiene nuevas reglas de juego.