Obras Públicas, Vivienda y Movilidad·Boletín Bien de Canarias,

Nuevas ayudas al alquiler para tres familias afectadas por el volcán

El Instituto Canario de la Vivienda abona 3.536,50 euros a tres familias palmeras para compensar sus gastos de alquiler tras la erupción volcánica. Los pagos cubren periodos pendientes de 2024 y 2025.

El Instituto Canario de la Vivienda ha dado luz verde al abono de una nueva tanda de ayudas de emergencia para el alquiler, destinadas a familias que perdieron su hogar habitual a causa de la erupción volcánica en La Palma. La resolución, firmada el 24 de agosto de 2026, beneficia en esta ocasión a tres unidades familiares concretas que ya aparecen detalladas en el anexo de la convocatoria.

Datos clave

Importe total
3.536,50 €
Beneficiarios
Goizaldi Garayo Garro, Manuel Jesús Gil Medina y María Katerine Remedios González
Municipios
Tazacorte, El Paso y Los Llanos de Aridane
Recurso
Potestativo de reposición en 1 mes

El importe total que se reparte asciende a 3.536,50 euros. Este dinero se entrega para cubrir cuotas de alquiler devengadas en periodos ya pasados, como parte del apoyo continuo a los afectados en Tazacorte, El Paso y Los Llanos de Aridane.

Los beneficiarios individuales y sus respectivos importes son: Goizaldi Garayo Garro, quien recibe 600 euros correspondientes al periodo de septiembre a diciembre de 2024; Manuel Jesús Gil Medina, con 1.600 euros por los meses de diciembre de 2024 a marzo de 2025; y María Katerine Remedios González, que obtiene 1.336,50 euros por el tramo de enero a marzo de 2025.

Estos fondos llegan tras la justificación documental del pago de las rentas. El procedimiento, que se tramita de oficio para quienes ya figuran en el Registro de personas afectadas, forma parte del plan de ayudas para la reconstrucción de la vida cotidiana tras la catástrofe.

El pago queda ya totalmente justificado. La administración regional subraya que estas subvenciones son compatibles con otros ingresos, siempre que no superen la renta real del alquiler.

La normativa recuerda que los beneficiarios tienen obligación de conservar los justificantes de pago durante al menos cuatro años. Cualquier discrepancia o renuncia cuenta con un plazo de cinco días hábiles desde la notificación oficial para ser comunicada.

Las familias afectadas pueden recurrir esta resolución en el plazo de un mes si lo consideran necesario. La ayuda continúa vigente para quienes mantengan su situación de emergencia.

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