Las Cámaras de Comercio gestionarán el Bono Alquiler Joven 2026

El Instituto Canario de la Vivienda busca ayuda para gestionar el aluvión de solicitudes que se avecina con el Bono Alquiler Joven de 2026. La administración regional, superada por las cifras de años anteriores (casi 20.000 solicitudes en el periodo 2024-2025), ha firmado un convenio de colaboración con las cuatro cámaras de comercio del archipiélago para delegar parte del trabajo pesado.

El acuerdo, que tiene una vigencia de cuatro años, formaliza la colaboración de las Cámaras de Comercio de Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote y La Graciosa, y Santa Cruz de Tenerife. Su papel será fundamental: atenderán al público, revisarán la documentación y, en última instancia, se encargarán de la ejecución material de los pagos a las personas beneficiarias.

La compensación económica por estos servicios de gestión administrativa asciende a un total de 272.364,22 euros, IGIC incluido. Este importe se divide en cinco hitos de pago: el primero, de 40.854,63 euros, se libera tras la firma y publicación de la convocatoria. El grueso del presupuesto, 196.102,24 euros, se abonará después de la publicación de las resoluciones de concesión y el estudio de los justificantes.

Las cámaras actuarán como entidades colaboradoras, asumiendo la carga de trabajo que el Instituto ya no puede cubrir con sus propios medios. Esto incluye la gestión de agendas para cita previa, la atención presencial para ayudar a los jóvenes a presentar sus solicitudes telemáticas y la resolución de incidencias en la documentación. La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife actuará como interlocutora principal ante el Instituto para coordinar el trabajo de todas las islas.

Este despliegue es necesario. La administración admite que, sin este apoyo, los plazos de tramitación y pago se volverían inasumibles para el personal actual. La colaboración busca agilizar una ayuda que consiste en 250 euros mensuales por persona joven, hasta un máximo de 6.000 euros, para facilitar el acceso a la vivienda.

La transparencia es total. La resolución publicada en el boletín incluye un plan detallado de horas de trabajo estimadas, con cerca de 10.000 horas de gestión técnica y coordinación. Todo el proceso se someterá a vigilancia continua por una comisión de seguimiento paritaria, garantizando que el dinero público llegue a quien debe sin dilaciones innecesarias.

Las cámaras no asumen riesgos financieros. Los fondos destinados a las ayudas nunca formarán parte de su patrimonio, y cualquier cantidad que no se entregue a los beneficiarios deberá ser devuelta al Gobierno de Canarias. La gestión se centra en la eficiencia administrativa frente a la emergencia habitacional que atraviesan las islas.