Luz verde del Gobierno a la planta fotovoltaica de Santa Lucía
El Ejecutivo regional autoriza la nueva planta fotovoltaica de 1,8 MW tras desestimar la disconformidad urbanística planteada por el Ayuntamiento.
El Gobierno de Canarias ha decidido desbloquear la construcción de una planta fotovoltaica en Santa Lucía de Tirajana, a pesar de que el Ayuntamiento local había señalado que el proyecto no encajaba en su Plan General de Ordenación. La administración regional ha optado por el procedimiento excepcional previsto en la Ley del Sector Eléctrico Canario para autorizar la hibridación del parque eólico ya existente con esta nueva infraestructura de 1,8 MW.
Datos clave
- Inversión
- 2.109.658,07 €
- Capacidad
- 1,8 MW
- Promotor
- Energías Alternativas de las Islas, S.L.U.
- Ubicación
- Bahía de Formas, Santa Lucía de Tirajana
El proyecto, promovido por Energías Alternativas de las Islas, S.L.U., cuenta con una inversión de 2.109.658,07 euros y busca optimizar la producción renovable en Bahía de Formas. La instalación sumará 4.896 módulos solares a la infraestructura actual, con el objetivo de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y recortar la factura energética en el archipiélago.
La Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental confirmó que esta actuación está exenta de pasar por una declaración de impacto ambiental ordinaria. Al no superar los umbrales legales exigidos, el Gobierno de Canarias ha argumentado que el interés público y la urgencia de la transición energética justifican desplazar la necesidad de licencia urbanística local.
La planta se conectará a la red compartiendo la actual subestación y línea de evacuación hasta la SE Escobar. Se estima que esta nueva aportación al sistema eléctrico de Gran Canaria supondrá una generación anual de 3.098,26 MWh. El Ejecutivo ha ordenado, paralelamente, que el planeamiento territorial afectado se adapte en su próxima modificación sustancial.
Contra este decreto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer un recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes. Alternativamente, los interesados pueden presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un plazo de dos meses. El expediente ya cuenta con luz verde para su ejecución.
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