Cantabria destina 3,6 millones a cubrir el déficit de los autobuses
Ver las 11 ayudas abiertas en Cantabria →El Gobierno regional aprueba las ayudas directas para compensar las pérdidas de las líneas de autobús de 2025. El sector tiene hasta mediados de noviembre para pedir los fondos y evitar la interrupción del servicio.
El transporte público por carretera en Cantabria se mantiene a flote gracias a una nueva inyección de dinero público destinada a tapar los agujeros de explotación del pasado año. El Gobierno regional ha formalizado la concesión directa de subvenciones para compensar el déficit operativo de las líneas regulares autonómicas de 2025, evitando así el riesgo de que las empresas concesionarias abandonen el servicio.
Datos clave
Cierra en 14 días- Plazo
- Hasta el 19 de noviembre de 2026
- Cuantía
- 3.687.776,35 € en total
- Beneficiario
- Empresas concesionarias con déficit en 2025
- Cómo solicitar
- Sede electrónica y registro regional
El presupuesto total destinado a este fin asciende a 3.687.776,35 euros.
La lista de beneficiarios incluye nombres habituales en las carreteras cántabras, siendo Transportes Terrestres Cántabros la firma que recibe los importes más elevados. Esta compañía acumula compensaciones significativas para líneas como la que une Unquera, Santander y Castro Urdiales, con un límite subvencionable de 1.175.844,88 euros, y la conexión entre Santander y Reinosa, que cuenta con una partida de 1.122.711,58 euros.
Otras empresas también ven compensados sus balances negativos, aunque con cifras mucho más contenidas. Mavi Muñoz, por ejemplo, recibe 5.608,95 euros para la línea que cubre el trayecto entre Suano y Reinosa, mientras que Autocares Donato obtiene 12.231,22 euros para el servicio entre La Lomba, Reinosa y Las Rozas.
La concesión se realiza de forma directa dada la situación de prolongación tácita en la que se encuentran los contratos actuales. La normativa aplicada busca asegurar una oferta suficiente y accesible pese a la variabilidad de costes provocada por factores como la inflación o el precio de la energía.
Las empresas interesadas tienen 15 días hábiles desde la publicación del decreto para presentar su solicitud. El plazo finaliza el próximo 19 de noviembre de 2026.
La justificación de estas ayudas requiere una contabilidad analítica del año 2025, debidamente auditada por un profesional inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Sin este trámite, el pago no se efectúa.
Las exigencias no terminan ahí. Las entidades beneficiarias que reciban ayudas públicas superiores a 100.000 euros deberán publicar las retribuciones de sus órganos de administración. La transparencia es obligatoria.
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