Valdelosa delega en la Diputación la gestión de sus multas
El Ayuntamiento de Valdelosa cede la tramitación de sus expedientes sancionadores a la Diputación de Salamanca para mejorar la gestión de multas y cobros.
El Ayuntamiento de Valdelosa ha decidido poner orden en sus expedientes sancionadores delegando esta tarea, a partir de ahora, en la Diputación de Salamanca. El acuerdo, formalizado el pasado 9 de junio de 2026, implica que el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria, conocido como REGTSA, se hará cargo del soporte administrativo e informático necesario para gestionar las multas del municipio.
Datos clave
- Vigencia
- Hasta el 31 de diciembre de 2027
- Compensación
- 50% del principal recaudado
- Qué incluye
- Multas de tráfico, urbanismo y ordenanzas
- Gestor
- REGTSA (Diputación de Salamanca)
Este cambio afecta a toda la tramitación de sanciones, ya sea por infracciones de tráfico, ordenanzas municipales o cuestiones urbanísticas, incluyendo los procedimientos derivados de medidas sanitarias. El personal de la Diputación asumirá desde el envío de notificaciones y la gestión de alegaciones hasta la resolución de recursos y la posible ejecución de embargos. El acuerdo también contempla la potestad de la Diputación para autorizar subastas o gestionar aplazamientos de deuda.
La contrapartida económica por estos servicios dependerá de la relación previa del Ayuntamiento con la Diputación. Si Valdelosa ya tuviera delegada la recaudación de otros tributos, la compensación para el organismo foral sería del 15 por ciento de lo recaudado. En el escenario actual, al tratarse de una gestión específica de expedientes sancionadores sin esa vinculación tributaria previa, la retención alcanza el 50 por ciento del principal recaudado, tanto en periodo voluntario como ejecutivo.
Las transferencias de los importes obtenidos se realizarán al Ayuntamiento de forma trimestral, acompañadas de la correspondiente documentación justificativa. La gestión no es indefinida, pues la vigencia de este acuerdo está fijada hasta el 31 de diciembre de 2027.
El sistema busca mayor eficacia. Las multas requieren una especialización que a veces desborda la capacidad de administración local.
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