Economía y Hacienda·Boletín Bien de Castilla y León,

Aprobado el Plan Estadístico de Castilla y León para 2026-2029

La Junta de Castilla y León oficializa el nuevo plan estadístico para el cuatrienio 2026-2029, obligando a responder las encuestas pero protegiendo la intimidad.

La Junta de Castilla y León ha aprobado el Plan Estadístico para el cuatrienio 2026-2029, un instrumento que sistematiza la información autonómica para los próximos años. El decreto, que entra en vigor el 1 de septiembre de 2026, marca la hoja de ruta para que los servicios estadísticos autonómicos produzcan los datos necesarios sobre nuestra realidad social, económica y territorial.

Datos clave

En vigor
1 de septiembre de 2026
Vigencia
Hasta el 31 de diciembre de 2029
Áreas temáticas
22 áreas
Responsable
Dirección General de Presupuestos

El plan no es una simple lista de números, sino una estructura compleja organizada en cuatro anexos técnicos. Estos detallan desde los objetivos generales y específicos, como la incorporación de la perspectiva de género, la sostenibilidad y la armonización con el código de prácticas europeo, hasta la relación de operaciones estadísticas y el programa financiero de inversiones que las sustenta.

La norma establece la obligatoriedad de respuesta para los ciudadanos y empresas, según se recoge en la Ley 7/2000. No obstante, se protege la privacidad: cualquier dato que revele opiniones políticas, convicciones religiosas, ideológicas, origen étnico o circunstancias de la intimidad personal requerirá siempre un consentimiento previo y expreso del interesado.

Para garantizar su ejecución, el documento formaliza un sistema de seguimiento anual. La Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística será la encargada de coordinar los programas anuales, que podrán incluir nuevas encuestas urgentes o adaptar las existentes, siempre justificando su conveniencia técnica frente al Consejo Asesor de Estadística.

La estadística oficial en Castilla y León se despliega en 22 áreas temáticas, que cubren desde el sector agrario y la actividad micológica hasta la ciencia, la salud pública o la protección social. El plan tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029, con una cláusula de prórroga automática en caso de que el nuevo plan no esté aprobado para el 1 de enero de 2030.

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