Menos trámites para nuevas instalaciones eléctricas en Castilla y León
La Junta de Castilla y León simplifica los permisos para instalaciones eléctricas, puntos de recarga y autoconsumo. El nuevo decreto agiliza la conexión a la red eliminando autorizaciones previas en casos específicos.
La Junta de Castilla y León ha pisado el acelerador para intentar que poner una instalación eléctrica deje de ser una carrera de obstáculos. Si eres promotor o te dedicas a la gestión de infraestructuras, el nuevo decreto publicado este lunes te interesa: el objetivo declarado es quitar trabas y simplificar los permisos.
Datos clave
- En vigor
- 11 de octubre de 2026
- Autoconsumo
- Instalaciones hasta 100 kW
- Producción
- Hasta límite legal sin impacto ambiental
El cambio central del Decreto 25/2026 es un alivio para quienes despliegan puntos de recarga para vehículos eléctricos. A partir de ahora, las modificaciones necesarias en la red de distribución para conectar nuevos suministros de este tipo podrán saltarse las autorizaciones previas y de construcción, siempre que no precisen evaluación de impacto ambiental y cuenten con los informes favorables de rigor.
Esto es clave. La burocracia se aligera.
La normativa también toca las instalaciones de producción de energía. Aquellas que cumplan con los límites de potencia establecidos por la Ley del Sector Eléctrico, que no requieran evaluación ambiental y tengan en regla sus permisos de acceso y conexión, podrán obtener autorización de explotación directa sin pasar por el trámite previo de construcción.
Para el pequeño autoconsumo, la medida también trae aire fresco. Las instalaciones de hasta 100 kW conectadas a baja tensión podrán acreditar su puesta en marcha simplemente con la certificación reglamentaria ya registrada, un trámite mucho más ágil que el anterior.
El decreto entra en vigor dentro de veinte días. Habrá que estar pendientes del primer despliegue.
Este movimiento administrativo busca alinear a la comunidad con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 2023-2030, y evitar que el papeleo se convierta en el principal freno para descarbonizar la red eléctrica regional.
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