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María Soraya Asensio Nalda y Begoña Sánchez Paunero, plazas fijas en la Junta

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Dos aspirantes han logrado su plaza fija como licenciadas en Derecho tras un proceso de estabilización que finalmente llega a su cierre. Así quedan sus destinos.

María Soraya Asensio Nalda y Begoña Sánchez Paunero tienen desde esta semana una nueva meta profesional en la administración autonómica. Tras un largo proceso selectivo iniciado a finales de 2022, ambas han logrado finalmente su plaza fija como tituladas superiores con especialidad en Derecho dentro del plan de estabilización de empleo de la Junta de Castilla y León.

Datos clave

Plazas
2 puestos de Titulado Superior
Incorporación
20 días hábiles desde el 1 de septiembre
Formalización
10 días hábiles desde el 1 de septiembre
Periodo prueba
3 meses de trabajo efectivo

El camino hasta este nombramiento no ha sido directo. Tras una primera adjudicación en 2025 y varias listas complementarias fallidas por falta de documentación, esta resolución pone punto final a la espera. Ambas aspirantes han acreditado ahora cumplir todos los requisitos exigidos en la convocatoria original.

María Soraya Asensio Nalda se incorpora en Valladolid, concretamente en la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica de la Consejería de Economía y Hacienda. Por su parte, Begoña Sánchez Paunero ocupará su puesto en el Servicio Territorial de Hacienda de Segovia, dependiente de la Secretaría General del mismo departamento.

El proceso de incorporación es inminente. Las dos nuevas empleadas cuentan con un plazo de 10 días hábiles para formalizar sus contratos ante el Secretario General de la Consejería o el órgano competente de su destino. Su incorporación efectiva al puesto está prevista para dentro de 20 días hábiles.

Ambos nombramientos vienen con un periodo de prueba obligatorio de tres meses de trabajo efectivo. Durante este tiempo, su admisión se considerará provisional, aunque los derechos y obligaciones en su puesto serán equivalentes a los de cualquier otro trabajador de plantilla.

La resolución ya agota la vía administrativa. Cualquier reclamación sobre este proceso deberá dirigirse a los Juzgados de lo Social de Valladolid en un plazo máximo de dos meses.

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