Ochenta y dos nuevos funcionarios de carrera en la Junta

Tras un largo camino desde la convocatoria de 2024, 82 personas han recibido finalmente su nombramiento como funcionarios de carrera en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado este 3 de septiembre la orden que sella su plaza fija, asignándoles el destino donde comenzarán esta nueva etapa profesional.

La resolución no solo trae incorporaciones, sino que también deja constancia de tres aspirantes que han visto decaer su derecho a ocupar estas plazas. Argelina Torres Torres, Cristina Merino Guijarro y Manuela Martín García han sido excluidas de este proceso de nombramiento al ostentar ya la condición de funcionarias de carrera en el mismo cuerpo, contraviniendo así las bases que rigen el ingreso por acceso libre.

Para los 82 aspirantes que sí han acreditado cumplir con todos los requisitos y han sido nombrados formalmente, comienza ahora la cuenta atrás. Tienen un mes, contado desde el día siguiente a esta publicación, para efectuar la toma de posesión ante el Secretario General o el Delegado Territorial correspondiente.

En este acto de toma de posesión, todos los nuevos funcionarios deberán presentar una declaración sobre sus incompatibilidades, un trámite ineludible según el reglamento vigente para el personal al servicio de la administración regional. Además, cada uno deberá prestar juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León para adquirir plenamente su nueva condición.

El listado de destinos adjudicados abarca toda la geografía autonómica, con puestos en distintas consejerías y servicios territoriales en provincias como Valladolid, Palencia, León, Burgos, Soria, Ávila, Segovia y Salamanca. Desde gestores administrativos en Servicios Sociales hasta inspectores de turismo o técnicos en las oficinas de empleo, la variedad de funciones refleja el despliegue administrativo que supone este ingreso de personal.

Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, los interesados disponen de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid. Como alternativa previa, también pueden optar por presentar un recurso de reposición ante la propia Consejería de la Presidencia en el plazo de un mes.