Rosario Fernández y Antonio Sánchez, nuevos subalternos en la Junta
Dos nuevos trabajadores se incorporan a la administración regional en Palencia y Soria. Tienen diez días hábiles para formalizar sus contratos tras superar el proceso.
Rosario Fernández Fernández y Antonio Sánchez Santiago ya tienen su destino definitivo tras el proceso de estabilización para personal subalterno en Castilla y León. Ambos aspirantes, tras superar las pruebas del concurso convocado en 2022, han visto cómo la Consejería de la Presidencia formalizaba esta semana la adjudicación de sus puestos de trabajo.
Datos clave
- Plazo formalización
- 10 días hábiles
- Incorporación
- 20 días hábiles
- Periodo de prueba
- 1 mes
Rosario Fernández Fernández se incorpora como ordenanza en el Centro de Educación Especial Carrechiquilla, ubicado en Palencia. Por su parte, Antonio Sánchez Santiago ocupará una plaza de vigilante en el Yacimiento Arqueológico y Museo de Tiermes, en la provincia de Soria.
Ambos tienen ahora un plazo de diez días hábiles para formalizar su contrato de trabajo ante la Secretaría General del organismo correspondiente. El tiempo corre desde el jueves 13 de agosto.
La incorporación efectiva a los puestos de trabajo se producirá en un plazo de veinte días hábiles desde la publicación de la resolución en el boletín. Ese plazo es el límite marcado para presentarse en sus nuevos centros.
Los contratos incluyen un periodo de prueba de un mes de duración. Durante este tiempo, la relación laboral tendrá carácter provisional hasta que el trabajador pase a ser fijo de plantilla.
Este periodo de prueba se considera trabajo efectivo, aunque se interrumpirá si el aspirante se encuentra en situaciones como incapacidad temporal, maternidad, adopción o disfrute de vacaciones. La administración notificará al comité de empresa si, por alguna causa, la relación laboral se rescinde durante esta fase inicial.
Los interesados que deseen presentar alegaciones cuentan con un plazo de dos meses para interponer demanda ante la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Valladolid. Contra esta resolución ya no cabe recurso administrativo, pues agota la vía oficial.
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