Ocho educadores superan la oposición en Castilla y León: plazas a elegir

Ocho aspirantes han llegado a la meta tras un largo proceso selectivo para convertirse en educadores de personas con discapacidad en la Administración de Castilla y León. La lista definitiva, publicada este lunes en el boletín autonómico, pone nombre a quienes han superado las pruebas y ahora se enfrentan al último trámite antes de ocupar su plaza fija.

María Inmaculada Andrés Díez encabeza el listado con una puntuación de 5,8031, seguida por María Yolanda Hernández Hernández y José Gutiérrez Román. El resto del grupo lo completan María de las Mercedes Torrecilla Plaza, Jimena Lara Ortega, Esmeralda Blázquez Blanco, Laura Rodríguez Parrado y Diego de la Fuente Pereda.

Ahora comienza el baile de los destinos. Los ocho seleccionados deben elegir entre los nueve puestos vacantes ofertados en Burgos, Béjar y Soria a través del portal de empleo público de la Junta. La elección debe hacerse por orden de preferencia, y es obligatorio incluir tantos puestos como número de orden se haya obtenido en la calificación.

Quien no rellene la solicitud completa se arriesga a que la administración le asigne el primer puesto que quede libre de oficio. La normativa es clara: solo se pueden pedir aquellas plazas para las que se cumplan los requisitos objetivos, y el orden de puntuación marcará quién se queda con qué.

El plazo para realizar este trámite telemático es de veinte días hábiles desde mañana. Además de la elección de plaza, los aspirantes deben presentar copia auténtica de su titulación, DNI y el certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales si el puesto elegido implica contacto con menores.

El proceso no admite errores. Quien no presente la documentación exigida en tiempo y forma perderá su derecho a ser contratado, quedando sin efecto su superación del proceso. La responsabilidad por falsedad en la solicitud inicial es un riesgo que el boletín recuerda de forma tajante.

Faltan pocas semanas para la firma.

La adjudicación definitiva se publicará tras revisar todas las solicitudes. Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer demanda ante el Tribunal de Instancia de Valladolid en un plazo máximo de dos meses.