Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental·Boletín Bien de Castilla y León,

Luz verde a la gran ampliación de la granja porcina en Navares de Ayuso

La Junta de Castilla y León autoriza la ampliación de una explotación porcina en Navares de Ayuso, que pasará a gestionar más de 11.000 cabezas de ganado tras meses de trámites ambientales.

Navares de Ayuso va a ver cómo su paisaje ganadero cambia de escala en los próximos meses. La Junta de Castilla y León ha dado luz verde a la declaración de impacto ambiental necesaria para que la granja porcina gestionada por Pablo Castro y Paulino de Frutos, C.B., multiplique su capacidad productiva en la parcela 123 del polígono 5.

Datos clave

Capacidad final
8.736 lechones y 2.000 cerdas
Almacenamiento
Mínimo 9 meses de producción
Superficie ocupada
11.359,70 m2
Vigencia
4 años desde publicación

La instalación dejará atrás sus cifras actuales para alcanzar un censo de 8.736 lechones, 2.000 cerdas con lechones hasta el destete, 314 cerdas de reposición y 4 verracos. El proyecto, que ha recibido la validación técnica tras varios años de tramitación administrativa y aportación de documentación adicional, ocupará tras la ampliación una superficie de 11.359,70 metros cuadrados.

La resolución impone condiciones estrictas para el control de olores y la gestión de purines. El promotor deberá contar con una capacidad de almacenamiento de deyecciones mínima de 9 meses, una exigencia técnica que obligará a rediseñar la fosa proyectada, inicialmente calculada para poco más de 4 meses de autonomía.

La vigilancia será continua. La empresa debe mantener tres piezómetros de control y presentar informes anuales sobre el cumplimiento de las medidas correctoras, además de gestionar las aguas pluviales y residuales sin comprometer los terrenos colindantes.

El proyecto se ubica fuera de espacios protegidos de la Red Natura 2000. Ninguna alegación fue presentada durante el trámite de información pública, aunque los informes sectoriales han obligado a ajustar los detalles de la obra.

El documento establece que esta declaración de impacto ambiental caduca en cuatro años si no comienzan las obras. Los promotores ya tienen el visto bueno, ahora les toca ejecutarlo cumpliendo con la exigente normativa ambiental vigente.

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