Luz verde a la planta fotovoltaica Valladolid Solar V
El proyecto, que suma 4.000 kW de potencia, ya cuenta con la autorización administrativa necesaria tras superar una compleja red de informes y condicionados técnicos.
La planta fotovoltaica Valladolid Solar V tiene ya vía libre administrativa en los términos municipales de Valladolid y Zaratán. El proyecto, promovido por la mercantil Calvitero Solar 13, cuenta con una potencia instalada de 4.000 kW.
Datos clave
- Potencia instalada
- 4.000 kW
- Titular
- Calvitero Solar 13, S.L.
- Plazo construcción
- 1 año
- Ubicación
- Valladolid y Zaratán
El visto bueno llega tras un largo camino de informes técnicos y condicionados sectoriales que la promotora ha aceptado de forma íntegra. Desde la protección de la Fuente del Pozuelo y los preceptivos controles arqueológicos hasta el cruce con la autovía A-62, cada detalle ha sido consensuado para cumplir con la normativa de carreteras, hidrocarburos y seguridad eléctrica.
La infraestructura de evacuación es el elemento más complejo de la obra, al compartir zanja con otros expedientes en tramitación en el Servicio Territorial. La línea subterránea de 13,2 kV conectará la planta con un centro de seccionamiento de la red de distribución eléctrica, pasando por las cercanías de la carretera VA-514.
Todo tiene matices técnicos.
La empresa debe garantizar ahora el cumplimiento estricto de las distancias y medidas de seguridad frente al gasoducto y el oleoducto Valladolid-Salamanca. Para la ejecución de los trabajos en las proximidades de la línea subterránea de 220 kV Mudarra-Valladolid Nuevo, por ejemplo, está prohibido el uso de maquinaria pesada: todo deberá realizarse mediante catas manuales.
La resolución exige que, antes de mover una sola piedra, el promotor se coordine con los responsables de las infraestructuras afectadas. El plazo máximo para solicitar la autorización administrativa de construcción es de un año, contados desde la notificación oficial de esta resolución.
Si el promotor necesitara más tiempo, la normativa permite solicitar prórrogas justificadas. La administración se reserva, por supuesto, la facultad de anular esta autorización si detecta cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas durante el transcurso de las obras.
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