Bustillo del Páramo blinda sus 206 hectáreas de monte público
El monte de la entidad local menor de Bustillo del Páramo entra en el catálogo provincial con más de 200 hectáreas protegidas tras la orden oficial de la Junta.
Los pinares que rodean Bustillo del Páramo tienen desde esta semana una nueva protección legal que asegura su futuro. El monte conocido como Baldíos de Bustillo, Cotorro y Valdealonso, propiedad de la Junta Administrativa de la localidad, ha sido oficialmente declarado de utilidad pública por la Consejería de Medio Ambiente y Energía.
Datos clave
- Monte protegido
- Baldíos de Bustillo, Cotorro y Valdealonso
- Superficie total
- 206,79 hectáreas
- Número de catálogo
- 710
- Ubicación
- Villadiego, Burgos
La decisión, que culmina un proceso iniciado por la propia Junta Administrativa en mayo, afecta a una superficie total de 206,79 hectáreas repartidas en cuatro parcelas distintas. El monte ahora catalogado como el número 710 de la provincia de Burgos cuenta con una cabida pública real de 204,73 hectáreas.
El terreno, dominado principalmente por pino silvestre y pino laricio, junto a presencia de quejigo en las zonas secundarias, ya venía siendo gestionado bajo contratos de repoblación que se remontan décadas atrás, concretamente a 1957 y 1973. Esta nueva figura legal blinda el espacio al integrarlo formalmente en el dominio público forestal.
La protección no es solo administrativa. Parte de estos terrenos ya se encontraba integrada en el Geoparque Mundial de la Unesco Las Loras desde 2017, un reconocimiento que ahora gana peso con esta declaración formal de utilidad pública. Los argumentos para el cambio se centran en la protección frente a la erosión, la regulación hidrológica de la zona y el mantenimiento de la diversidad biológica del entorno.
El detalle de las parcelas abarca zonas bien conocidas por los vecinos, como La Caldera, La Serna, Espinosilla y la ladera de Henar. La Consejería ha dejado claro que el monte es esencial para evitar los procesos de erosión y proteger las captaciones de agua que abastecen a la población.
No hubo alegaciones en contra. El periodo de información pública, que se abrió el 2 de junio de 2026 durante 30 días hábiles, se cerró sin que ningún interesado presentara reparos a la catalogación, lo que ha facilitado una tramitación que pone fin a la vía administrativa desde la fecha de esta orden.
La declaración es firme. Quien desee interponer un recurso contencioso-administrativo contra la resolución tiene dos meses desde su publicación oficial para acudir al Tribunal Superior de Justicia en Valladolid. Alternativamente, cabe un recurso de reposición en el plazo de un mes ante la propia Consejería.
El monte es ahora propiedad pública protegida.
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