Presidencia·Boletín Bien de Castilla y León,

Adiós a la protección ambiental para un inmueble en Cañicosa

La Comisión Territorial de Urbanismo de Segovia autoriza la retirada del grado de protección ambiental de una edificación agraria en Matabuena que impedía su reforma.

El inmueble de la calle Pozas, 14, en Cañicosa, se libera por fin de su atadura patrimonial. La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia ha dado el visto bueno definitivo a la descatalogación de este edificio, que hasta ahora figuraba en el Catálogo de Elementos Protegidos del municipio de Matabuena bajo la ficha número 46.

Datos clave

Inmueble
Calle Pozas, 14, Cañicosa
Estado
Descatalogado
Recurso
2 meses ante el TSJ de Castilla y León

El edificio es una construcción agrícola de mampostería, de dos plantas y 211 metros cuadrados totales, que arrastraba una protección ambiental difícil de justificar. Los informes técnicos han terminado por confirmar que no presenta elementos de valor histórico, artístico o arquitectónico que obliguen a su conservación.

La realidad del inmueble chocaba frontalmente con las normativas actuales de habitabilidad. El edificio cuenta con una altura libre de apenas dos metros y una única fachada abierta al patio, lo que imposibilitaba cualquier proyecto de rehabilitación digna. Su obsolescencia era total.

Este trámite urbanístico despeja el camino para sus propietarios, Pablo García García y María Teresa Royo Velasco, quienes ya no verán sus opciones de reforma limitadas por ese grado de protección. El edificio pasará a regirse por la normativa general del suelo urbano consolidado de Cañicosa.

La decisión, aprobada por unanimidad el 8 de septiembre de 2026, pone fin a un largo camino administrativo iniciado en febrero de 2026. Se elimina así cualquier rastro de la antigua catalogación en los planos de alturas, elementos de interés y gestión del municipio.

Ninguna carga extra.

El edificio queda ahora libre de condicionantes patrimoniales específicos. Los interesados que deseen cuestionar este acuerdo tienen dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos.

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