Fuentesaúco reclasifica la parcela 963 a suelo urbano consolidado
La Comisión Territorial de Medio Ambiente ha dado luz verde al cambio de uso de una parcela en Fuentesaúco. Los propietarios podrán desarrollar suelo urbano con un límite máximo de cuatro viviendas.
Una parcela de Fuentesaúco cambia de estatus tras meses de tramitación administrativa. Se trata de la parcela 963 del polígono 1, que hasta ahora figuraba como suelo rústico con protección agropecuaria y, desde este 31 de julio, pasa a ser oficialmente suelo urbano consolidado.
Datos clave
- Estado
- Aprobación definitiva
- Superficie
- 2.361 m²
- Viviendas máx.
- 4
- Ubicación
- Parcela 963, polígono 1
- Recurso
- 2 meses
El cambio viene impulsado por sus propietarios, Sandra Seguín Diego y Roberto Sierra Herrero, y cuenta con el visto bueno de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Zamora desde el pasado 30 de abril. La modificación permite que el terreno, de 2.361 metros cuadrados, se integre plenamente en la malla urbana local tras años de desuso o infrautilización.
La parcela, situada junto a la calle Vista Alegre, ya contaba con acceso a redes de agua, saneamiento y electricidad, lo que ha facilitado los informes técnicos favorables. A partir de ahora, el aprovechamiento del terreno queda sujeto a las normas de la Zona 3 (Residencial Unifamiliar).
Aunque el cambio de clasificación abre la puerta a nuevas edificaciones, el proyecto incluye una limitación específica. El número máximo de viviendas permitidas en este espacio se restringe a cuatro unidades, con un índice de edificabilidad fijado en 0,2113 metros cuadrados por metro cuadrado.
El expediente, que no ha recibido alegaciones durante su exposición pública, no altera el modelo territorial ni supone riesgos geológicos o medioambientales significativos. El ayuntamiento de Fuentesaúco ya tiene luz verde para integrar este espacio en su planeamiento urbanístico vigente.
El acuerdo es firme. Cualquier recurso contencioso-administrativo debe presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un plazo máximo de dos meses.
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