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Subvenciones para mancomunidades de Castilla y León: el reparto de 2026

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La Consejería de la Presidencia ha resuelto las ayudas a mancomunidades para renovar maquinaria y mejorar inmuebles. 65 entidades reciben fondos, mientras que 18 solicitudes han sido inadmitidas.

Las mancomunidades de Castilla y León ya tienen el visto bueno para renovar parte de su maquinaria. La Consejería de la Presidencia ha resuelto finalmente la concesión de ayudas para inversiones en equipos municipales, un proceso que deja 65 entidades locales beneficiarias y una lista de 18 solicitudes que se han quedado fuera por no cumplir con los requisitos.

Datos clave

Plazo pago
16 de noviembre de 2026
Plazo ejecución
31 de diciembre de 2027
Plazo justificación
31 de enero de 2028
Beneficiarias
65 mancomunidades y entidades asociativas
Recurso
2 meses ante el TSJ de Castilla y León

El grueso del presupuesto se destina a la compra de camiones de recogida de residuos sólidos urbanos. Son 15 las entidades que reciben hasta 185.000 euros cada una para este fin, una cifra que también alcanza a las mancomunidades que han optado por comprar barredoras de calles. En total, el despliegue inversor abarca desde maquinaria pesada como retroexcavadoras hasta generadores eléctricos y mejoras energéticas en inmuebles.

La norma aplicada ha sido estricta: solo se permite una subvención por mancomunidad. Aquellas que presentaron varios proyectos han visto cómo se les concedía únicamente el de mayor cuantía, descartando el resto. Esta regla, recogida en el artículo 9.3 de la convocatoria, figura como la causa principal de inadmisión para varias de las entidades que se han quedado sin fondos en esta ocasión.

Otros motivos recurrentes para la exclusión han sido el incumplimiento competencial previsto en sus propios estatutos, la falta de aprobación de los presupuestos de 2026 o la ausencia de rendición de cuentas ante los órganos de control externo. La inadmisión es firme y agota la vía administrativa, aunque las entidades afectadas todavía podrían interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses.

Las beneficiarias tienen ahora una tarea administrativa pendiente. Deben presentar, antes del 16 de noviembre de 2026, un certificado a través de la sede electrónica de la Junta que acredite la contratación o el acuerdo para la ejecución directa de las inversiones subvencionadas. Si no se cumple este trámite, el derecho al cobro de la ayuda se pierde.

La ejecución de las inversiones debe estar terminada antes del 31 de diciembre de 2027. La justificación final, que incluye la presentación de una memoria fotográfica que acredite la instalación o compra, tiene como fecha límite el 31 de enero de 2028. Además, todas las inversiones deben incorporar la imagen institucional de la Junta de Castilla y León según el manual de estilo publicado.

Los vehículos, si es el caso, deben ser blancos.

Las delegaciones territoriales realizarán el seguimiento de las propuestas gráficas antes de cualquier puesta en marcha. La administración autonómica no deja margen a la improvisación en la publicidad de estos proyectos: todo debe estar coordinado y supervisado para que el logo de la Junta luzca exactamente donde debe.

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