Badalona y Sant Adrià buscan encaje legal para nuevas grandes tiendas
Badalona y Sant Adrià de Besòs acuerdan unir sus tramas urbanas para permitir la llegada de grandes comercios a seis parcelas concretas en Sant Adrià.
Badalona y Sant Adrià de Besòs han decidido unir fuerzas para allanar el camino a nuevos grandes proyectos comerciales en la zona. Ambos ayuntamientos han firmado un protocolo de intenciones con un objetivo claro: crear una trama urbana consolidada de carácter supramunicipal que permita superar los límites actuales para la instalación de grandes superficies.
Datos clave
- Plazo aprobación
- 6 meses desde la firma
- Vigencia protocolo
- 2 años
- Superficie mínima
- 2.500 m²
El problema de fondo es técnico pero tiene consecuencias prácticas evidentes. La normativa catalana restringe la implantación de establecimientos comerciales de más de 2.500 metros cuadrados a tramas urbanas consolidadas en municipios de más de 50.000 habitantes o capitales de comarca. Como Sant Adrià de Besòs no alcanza estos umbrales por sí solo, ambos consistorios han acordado sumar sus tramas para cumplir los requisitos legales exigidos.
El documento, firmado formalmente el 11 de marzo de 2026, pone la mirada en seis parcelas concretas del municipio de Sant Adrià de Besòs. Estas fincas, identificadas con las referencias catastrales 5468102DF3856F0001UR, 5468101DF3856F0001ZR, 5666601DF3856F0001GR, 5666601DF3856F0002HT, 5666601DF3856F0003JY y 5666601DF3856F0004KU, son las candidatas para acoger el futuro gran equipamiento.
Para gestionar este proceso, se creará una comisión de seguimiento paritaria formada por ocho representantes, cuatro designados por cada alcaldía, con mayoría de técnicos de urbanismo y servicios jurídicos. Este órgano tiene la responsabilidad de aprobar un plan de trabajo detallado en el plazo de un mes tras la firma y coordinar los informes necesarios.
El protocolo tiene una vigencia inicial de dos años. Los ayuntamientos se comprometen a no alterar las tramas urbanas actuales, limitándose a crear este nuevo marco supramunicipal que sirva de paraguas legal. El coste del proceso correrá a cargo de cada consistorio, que asumirá sus propios gastos de personal y asistencia técnica.
El avance depende ahora de la burocracia. El plazo máximo para la aprobación inicial de esta nueva trama es de seis meses. El camino es largo. Tras la aprobación inicial, el proyecto deberá someterse a una información pública de un mes antes de remitirse al órgano autonómico competente para su validación final.
Todo sigue su curso. La burocracia avanza.
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