La Bisbal d'Empordà renueva las reglas para acceder a pisos de emergencia

Si te encuentras en una situación de vulnerabilidad extrema y el desahucio es una posibilidad real e inminente en tu hogar, el Ayuntamiento de La Bisbal d'Empordà ha renovado las reglas para acceder a una vivienda de emergencia social. Este nuevo reglamento, aprobado definitivamente tras integrar las alegaciones, busca poner orden en la bolsa municipal y aclarar quién puede optar a estos recursos.

El texto, que entrará en vigor de forma inminente, establece que los solicitantes deben residir en el municipio en el momento de la pérdida inminente de su vivienda o haberla perdido en los últimos 2 meses. No es solo un trámite, ya que se exige un compromiso de cumplir un pla de treball personalizado, supervisado por los Servicios Sociales, que incluye desde el cuidado del inmueble hasta la participación activa en programas de inserción sociolaboral.

La normativa define con precisión qué situaciones se consideran de emergencia. Esto incluye desde desahucios por impago de alquiler o hipoteca, siempre que existan causas sobrevenidas y justificadas, hasta la privación de vivienda por dación en pago, violencia de género o situaciones de precariedad sanitaria o estructural. El reglamento excluye de esta protección las situaciones provocadas por mala fe o los impagos imputables a quien solicita la ayuda.

El sistema de adjudicación se basa en un baremo de puntos que tiene en cuenta tanto la situación económica de la unidad familiar, ajustada al Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), como diversas circunstancias sociales. Elementos como la presencia de menores de 3 años, la falta de red de apoyo social o familiar, o la gestión proactiva de recursos previos para evitar la pérdida del hogar suman puntos. Cada caso será evaluado individualmente por el equipo técnico municipal.

Es fundamental saber que la solicitud no garantiza la adjudicación. Si se aprueba la petición pero no hay disponibilidad inmediata de vivienda, el Ayuntamiento emitirá una resolución favorable con una vigencia de 6 meses. Si transcurrido este tiempo no hay recursos residenciales libres, la resolución caducará sin que esto otorgue derechos perpetuos sobre la bolsa municipal.

Las obligaciones no terminan al recibir las llaves. Los adjudicatarios deberán pagar una renta calculada para que los gastos básicos no superen el 30 por ciento de sus ingresos ponderados, utilizando la calculadora oficial de la Generalitat. El incumplimiento del pla de treball puede derivar en sanciones que van desde el advertimento escrito hasta la resolución del contrato de cesión de uso.