Salt y Vilablareix destapan los 22 millones para el nuevo hospital Trueta

El nuevo hospital Josep Trueta ya tiene hoja de ruta urbanística, aunque el camino está lleno de cifras millonarias y repartos de costes entre administraciones. El Ayuntamiento de Salt ha puesto en exposición pública el convenio de colaboración que desbloquea el desarrollo del sector C-Sud, una pieza clave para el futuro campus de salud que afecta también a Vilablareix.

La factura total de las infraestructuras necesarias para esta transformación roza los 22,8 millones de euros, sin contar el IVA. Este montante se desglosa en varios capítulos: el soterramiento de las líneas eléctricas (10,6 millones), la construcción de una nueva subestación (9,8 millones) y las obras viarias en la C-65 (2,2 millones). El reparto de estas cargas se ajusta ahora según los beneficios de cada subsector implicado, un detalle que el documento detalla con precisión quirúrgica.

El subsector 1, donde se ubicará propiamente el hospital, asume la mayor parte del esfuerzo inversor inicial, con 17,2 millones de euros estimados para que las máquinas puedan empezar a trabajar. La Generalitat, a través del Departament de Salut, se compromete a cubrir una parte del coste de la subestación, valorada en 1,5 millones de euros, vinculada al incremento de techo edificable proyectado.

Salt avanza el dinero en nombre de otros. El convenio reconoce un déficit de financiación inicial de casi 7 millones de euros, que el Institut Català del Sòl (INCASÒL) se compromete a adelantar siempre que sus arcas lo permitan. Los propietarios de los subsectores 2 y 3 deberán devolver estas cantidades mediante las futuras cuotas de reparcelación, con un plazo máximo de cinco años.

La burocracia no descansa. El INCASÒL actuará como administración en el subsector 1, garantizando que los trámites no se eternicen. Mientras tanto, el documento deja claro que si las obras no avanzan según lo pactado, se cambiará el sistema de compensación básica por uno de cooperación, forzando así la viabilidad del proyecto.

El convenio es un engranaje complejo. Cuatro administraciones deben coordinar sus pasos bajo la vigilancia de una comisión de seguimiento. Tienes un mes para presentar alegaciones al texto si detectas algo que no encaja en este macroproyecto urbanístico.

Las cuentas están sobre la mesa. El éxito depende de que cada pieza mueva su ficha en el momento justo.