Edgar Jordà Font, nuevo director del proyecto BIVA en Sant Cugat
El Ayuntamiento de Sant Cugat formaliza la contratación de alta dirección para su nuevo proyecto BIVA. El puesto, con un sueldo anual de 87.687,99 euros, busca impulsar la innovación y la proyección local.
Edgar Jordà Font asume desde esta semana la dirección del proyecto estratégico BIVA en Sant Cugat del Vallès. La decisión, adoptada por decreto de alcaldía el pasado 28 de agosto, formaliza su incorporación como alto directivo municipal tras un proceso de provisión que culminó en marzo de 2026.
Datos clave
- A quién
- Edgar Jordà Font
- Cargo
- Director del proyecto BIVA
- Retribución
- 87.687,99 € brutos al año
- Recurso
- 2 meses ante la jurisdicción social
El nuevo cargo cuenta con una retribución bruta anual de 87.687,99 euros. Jordà Font operará en régimen de dedicación exclusiva y bajo una jornada a tiempo completo con plena disponibilidad, reportando directamente a la gerencia o dirección de área correspondiente dentro del organigrama municipal.
Su misión principal como director de BIVA será impulsar el desarrollo económico sostenible, fomentando la innovación, la competitividad internacional y la retención de talento en sectores de alto valor añadido. Se trata de una figura transversal diseñada para actuar como conector entre los servicios municipales, el ecosistema de empresas, centros tecnológicos y los socios internacionales del proyecto.
El contrato, calificado como personal directivo profesional, no implica la integración del nombrado en la plantilla de funcionarios o laborales fijos del ayuntamiento. Su permanencia está ligada a la inamovibilidad condicionada a evaluaciones satisfactorias de gestión y a la duración del mandato del alcalde que lo ha contratado.
La figura no supone la creación de un nuevo equipo técnico. El directivo integrará su actividad con los recursos humanos y técnicos existentes dentro del Servicio de Empresa, Innovación e Internacionalización.
El nombramiento impone obligaciones estrictas de confidencialidad y transparencia, obligando al nuevo director a presentar su declaración de bienes y derechos patrimoniales. El incumplimiento de estas cláusulas de secreto profesional se considerará una falta grave susceptible de sanción disciplinaria.
Los acuerdos fueron notificados formalmente el 18 de septiembre. La resolución pone fin a la vía administrativa, permitiendo a los interesados presentar demanda ante la jurisdicción social en un plazo de dos meses.
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