Torredembarra y SOREA activan un fondo contra la pobreza energética

El Ayuntamiento de Torredembarra ha sellado un compromiso con la empresa suministradora SOREA para evitar que ninguna familia del municipio se quede sin agua básica por falta de dinero. El acuerdo busca blindar el suministro en los hogares más golpeados por la crisis económica, estableciendo una red de seguridad coordinada entre los servicios sociales y la compañía de aguas.

El corazón de esta iniciativa es un Fondo de Solidaridad financiado íntegramente por SOREA, que cuenta con una dotación anual de 4.000 €. Este dinero se destinará a cubrir total o parcialmente las deudas de aquellos usuarios que, tras una valoración técnica de los servicios sociales, se encuentren en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión residencial.

Para activar esta ayuda, el procedimiento arranca en la Concejalía de Acción Social e Igualdad. Son los servicios sociales quienes deben acreditar el estado de necesidad de cada familia, un informe que paralizará de inmediato cualquier intento de corte de suministro mientras se resuelva el expediente.

La empresa se compromete a no suspender el servicio si existen al menos dos recibos pendientes que equivalgan a seis meses de consumo, o un único recibo si se han abonado los dos siguientes. Si te encuentras en esta situación, contactar con los servicios municipales es el primer paso obligatorio para que la protección sea efectiva.

El convenio también contempla casos extremos en viviendas sin título jurídico de uso. El Ayuntamiento podrá requerir a la empresa la formalización de un contrato provisional y extraordinario de agua para garantizar unas condiciones mínimas de salubridad a los ocupantes, siempre que existan razones humanitarias detrás.

La gestión del convenio recae en Elena Pérez Pérez, responsable de Acción Social e Igualdad. Ella será la encargada de supervisar que la colaboración fluya y de coordinar con SOREA la lista de beneficiarios que necesitan este salvavidas.

Las ayudas son compatibles con otras fuentes de financiación. Sin embargo, no se aplicarán si el consumo registrado supera la media doméstica habitual o si la deuda ya está reclamada por vía judicial.

El acuerdo tiene una vigencia inicial de un año. Las partes evaluarán los resultados anualmente, pudiendo prorrogarlo hasta un máximo de tres años adicionales si la situación social así lo exige.