La Diputación de Girona reparte 3,7 millones entre siete comarcas

La Diputació de Girona ha cerrado sus acuerdos de colaboración con los siete consejos comarcales de la demarcación para el ejercicio 2026. Estos convenios sirven para coordinar la prestación de servicios a los municipios, evitando que el trabajo se duplique entre ambas instituciones y asegurando que la asistencia técnica, jurídica y económica llegue a donde más hace falta.

El despliegue económico total supera los 3,7 millones de euros, repartidos entre las distintas comarcas para financiar tanto la actividad global como proyectos específicos. El Consell Comarcal del Gironès recibe la mayor partida con 845.107,00 euros, seguido por el de l'Alt Empordà con 1.174.309,00 euros, la Selva con 974.453,00 euros, el Ripollès con 559.859,00 euros, el Pla de l'Estany con 501.363,00 euros y la Cerdanya con 368.835,00 euros.

Cada convenio detalla una estructura de servicios que abarca desde la asistencia técnica urbanística y la gestión de residuos hasta el transporte escolar no obligatorio y la prevención de incendios. Por ejemplo, el acuerdo del Baix Empordà, que recibe 836.212,00 euros, incluye una partida específica de 2.735,00 euros para el mantenimiento de la Cova d'en Daina.

La Diputació de Girona abona la totalidad del importe como un anticipo tras la firma del documento. Las instituciones deben justificar el gasto mediante una memoria antes del primer trimestre de 2027, demostrando que el dinero se ha destinado efectivamente a los fines acordados bajo el control financiero de la Diputación.

El sistema es estricto en la justificación de subvenciones finalistas. Para el transporte escolar o la prevención de incendios, los consejos deben acreditar gastos que alcancen, como mínimo, el doble del importe recibido de la Diputación.

Los consejos comarcales deben mencionar obligatoriamente a la Diputación de Girona como colaborador en cualquier acción publicitaria derivada de estos convenios. La transparencia es absoluta.

La vigencia de estos acuerdos se extiende hasta el 31 de marzo de 2027. Las comisiones de seguimiento, formadas por los presidentes y personal técnico de ambas partes, vigilarán el cumplimiento para evitar solapamientos y resolver cualquier duda interpretativa que pueda surgir.

Si el déficit global de los servicios resulta ser inferior a la aportación concedida, el consejo comarcal deberá devolver la diferencia. La Diputación de Girona se reserva el derecho de verificar, mediante inspecciones o auditorías, que los recursos llegan correctamente al territorio.