La Riba y Riudoms delegan sus recaudaciones a la Diputación
Los ayuntamientos de La Riba y Riudoms han transferido a la Diputación de Tarragona la gestión de sus impuestos y sanciones. Conoce qué tasas y multas cambian de manos.
La Diputación de Tarragona asume desde finales de junio nuevas competencias de gestión y recaudación tras cerrar acuerdos con dos ayuntamientos de la provincia. La Base Gestió d'Ingressos, el organismo encargado de estas tareas, se hará cargo de cobrar tributos y tramitar sanciones en La Riba y Riudoms, liberando así a los consistorios de parte de su carga administrativa.
Datos clave
- Recurso reposición
- 1 mes
- Recurso contencioso
- 2 meses
- Municipios
- La Riba y Riudoms
- Gestor
- Base Gestió d'Ingressos
En La Riba, el acuerdo abarca una amplia lista de ingresos locales. A partir de ahora, la Diputación gestionará tanto en periodo voluntario como ejecutivo el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (la plusvalía), la tasa de la guardería, y la tasa por actividades culturales y deportivas.
La colaboración en este municipio incluye además la gestión tributaria, inspección y recaudación voluntaria de la tasa que pagan las empresas de suministros por el uso del dominio público. La tasa del cementerio también queda bajo el paraguas de la gestión foral, aunque solo en lo relativo a su recaudación voluntaria.
La situación en Riudoms es distinta y se centra en el ámbito sancionador. El ayuntamiento ha delegado en la Diputación el encargo de realizar todas las actuaciones técnicas y materiales necesarias para ejercer su potestad sancionadora.
Este acuerdo implica que los servicios provinciales se ocuparán de tramitar las infracciones vinculadas a la Ordenanza de convivencia y uso de espacios públicos. Asimismo, asumirán la recaudación de las multas que se deriven de esta norma municipal.
Los acuerdos fueron ratificados por el Pleno de la Diputación el pasado 26 de junio. Los ayuntamientos habían dado luz verde previamente en sus respectivos plenos de mayo.
La decisión está tomada.
Quienes deseen presentar un recurso de reposición ante el Pleno de la Diputación tienen un plazo máximo de un mes desde esta publicación. Si optan por la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal de Tarragona, el tiempo se extiende hasta los dos meses.
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