El SOC y Educación lanzan una vía para acceder a grados C de FP
Una partida de 1,27 millones de euros permitirá evaluar las competencias de quienes no cumplen los requisitos académicos previos. El acuerdo busca desbloquear el acceso a la formación profesional de grado C.
El Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC) y el Departamento de Educación y Formación Profesional han sellado un acuerdo para que quienes no cuentan con los estudios previos necesarios puedan acceder a los grados C de formación profesional. El convenio busca evaluar y acreditar las competencias básicas de los alumnos, un requisito que hasta ahora frenaba a muchas personas interesadas en reciclarse laboralmente.
Datos clave
- Importe
- 1.270.000,00 €
- Plazo ejecución
- 30 de junio de 2027
- Finalidad
- Acreditación de competencias básicas
El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1.270.000,00 € para la puesta en marcha de esta vía de acceso. Este dinero se destinará a desarrollar las herramientas, los modelos de pruebas y la guía de orientación necesarios para que el proceso sea una realidad en los centros de formación. La administración ha puesto el foco en las áreas de electricidad, energía, agua, mantenimiento y medio ambiente, donde el cuello de botella académico se nota especialmente.
La partida más voluminosa, de 525.000,00 €, se reserva para el diseño y despliegue de una nueva aplicación informática que centralizará todos los trámites. Otros 440.000,00 € cubrirán los costes de personal técnico para implementar estas acreditaciones en los sectores mencionados. El resto del presupuesto se reparte entre la formación para el profesorado (180.000,00 €), el desarrollo de contenidos formativos no formales y la elaboración de las propias pruebas de evaluación.
La necesidad de este movimiento es clara: según los datos del año 2024, el 40 por ciento de los alumnos que intentaban acceder a los niveles 2 o 3 de los certificados profesionales se quedaban fuera por carecer de la titulación académica exigida. El convenio busca, en la práctica, que la experiencia laboral y los aprendizajes no formales sirvan de puente hacia la formación reglada.
Todo este despliegue tiene un horizonte temporal marcado. Las actuaciones deberán estar completadas antes del 30 de junio de 2027.
Las administraciones han creado una comisión mixta de seguimiento para vigilar que el dinero se gaste según lo previsto. El convenio ya está en marcha.
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