La Generalitat, Girona y Perpiñán unen fuerzas en el proyecto EsCaT_Gov
Tres administraciones sellan el acuerdo para consolidar el Espacio Catalán Transfronterizo. El documento fija las reglas de gestión de los fondos POCTEFA y define quién asume el mando ante la Unión Europea.
El Departament de la Presidència ha formalizado esta semana un acuerdo de colaboración que busca blindar la estructura y el futuro del Espacio Catalán Transfronterizo, un proyecto financiado por la Unión Europea bajo el paraguas del programa POCTEFA. Tres socios lideran este engranaje administrativo: el Département des Pyrénées-Orientales, la Diputación de Girona y la Casa de la Generalitat en Perpiñán. La unión hace la fuerza.
Datos clave
- Proyecto
- EsCaT_Gov EFA382/10
- Jefa de fila
- Département des Pyrénées-Orientales
- Socios
- Generalitat, Diputación de Girona, Pyrénées-Orientales
- Marco
- Programa POCTEFA 2021-2027
La alianza, bautizada formalmente como EsCaT_Gov EFA382/10, establece las reglas de juego para la gestión de fondos y la ejecución de tareas. El documento detalla un entramado de obligaciones financieras y administrativas que deberán seguir los socios hasta que finalice el proyecto, incluyendo la necesidad de llevar una contabilidad separada para cada euro invertido en la iniciativa.
El Département des Pyrénées-Orientales, presidido por Hermeline Malherbe, actúa como entidad jefa de fila. Esta posición conlleva la responsabilidad de coordinar al resto de socios y actuar como interlocutor único ante la Secretaría Conjunta del programa POCTEFA. Si el departamento francés dejara de ejercer esta función, la Generalitat de Catalunya asumiría el mando de forma provisional.
Las entidades han acordado que cualquier conflicto que no pueda resolverse de forma amistosa se someterá a la legislación del país que ostente la jefatura de fila. En la práctica, esto significa que la normativa francesa regiría la resolución de posibles litigios entre socios mientras el departamento presida la alianza.
El acuerdo, redactado originalmente en mayo de 2026, vincula legalmente a las partes desde el momento de la concesión de la ayuda FEDER. La Generalitat, representada en este caso por Albert Piñeira i Brosel, y la Diputación de Girona, con Miquel Noguer i Planas al frente, se comprometen a cooperar sin reservas para cumplir los hitos marcados en el formulario de candidatura.
Las tareas no admiten retrasos. Se exige a los socios facilitar auditorías externas y controles financieros hasta cinco años después del último pago europeo recibido por el proyecto. El rigor es total.
Las obligaciones se mantienen vivas incluso tras el cierre. Las entidades deberán conservar todos los justificantes y registros originales para cualquier posible revisión técnica o legal que pueda surgir en el futuro.
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