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Balfegó Tuna y su ampliación en L'Ametlla: frenazo ambiental

La Generalitat exige una evaluación ambiental ordinaria para la ampliación de la piscifactoría de Balfegó Tuna ante la vulnerabilidad de las praderas de posidonia.

La Generalitat ha puesto freno, al menos de momento, a los planes de expansión de las instalaciones de engorde de atún rojo de Balfegó Tuna en aguas de L'Ametlla de Mar. La Dirección General de Políticas Ambientales ha concluido que el proyecto de ampliación debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria ante el riesgo de efectos significativos sobre el ecosistema marino.

Datos clave

Superficie adicional
601.150,19 metros cuadrados
Superficie total
1.729.287,25 metros cuadrados
Distancia crítica
Menos de 1.700 metros de hábitats protegidos
Qué hacer
Presentar estudios de impacto ambiental y alternativas de ubicación

El trámite administrativo sigue su curso. La decisión llega tras un largo proceso de consultas y análisis técnicos que han puesto sobre la mesa la vulnerabilidad de la zona elegida. El proyecto planteaba ocupar 601.150,19 metros cuadrados adicionales, lo que elevaría la superficie total de la concesión a 1.729.287,25 metros cuadrados, manteniendo la capacidad de producción actual.

Los informes técnicos advierten de la cercanía a hábitats protegidos. Las praderas de posidonia y el coralígeno, ambos de alto valor ecológico, aparecen como puntos críticos según la Agencia Catalana del Agua. La proximidad de las jaulas a estos ecosistemas, cifrada en menos de 1.700 metros en algunos casos, ha sido motivo de alerta. Los expertos señalan que la acumulación de materia orgánica puede degradar estos fondos de crecimiento lento.

Las alegaciones presentadas, entre ellas las de Judith Camps Castellà y la organización GEPEC, han insistido en la incompatibilidad de una acuicultura industrial con los objetivos de la red Natura 2000. El expediente también recoge los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos, capaces de desplazar jaulas o provocar escapes masivos de atunes, un suceso ya registrado en 2020.

La administración exige ahora un análisis más riguroso. La empresa deberá aportar estudios detallados sobre el impacto real en el fondo y las aves marinas, además de alternativas de ubicación que garanticen una mayor distancia de seguridad respecto a las zonas sensibles. Vigilancia constante es necesaria.

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