Luz verde a la ampliación del centro de residuos de Tremp
La Generalitat autoriza la ampliación del centro de tratamiento de residuos de Tremp, que servirá a cuatro comarcas pirenaicas, sin necesidad de una evaluación ambiental ordinaria.
El centro de tratamiento de residuos de Tremp va a crecer, y lo hace con un informe ambiental que permite esquivar el trámite ordinario más largo. La Generalitat ha dado luz verde estratégica a la ampliación de estas instalaciones, que centralizarán la recogida de basura orgánica y resto de las cuatro comarcas del Pirineo: Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça y Val d'Aran.
Datos clave
- Capacidad orgánica
- De 1.000 a 2.500 t/año
- Superficie ocupada
- 3.961 m²
- Objetivo
- Centralizar residuos en 4 comarcas
- Vigencia informe
- 4 años
Todo cambio tiene su letra pequeña. El proyecto contempla pasar de tratar 1.000 a 2.500 toneladas anuales de fracción orgánica, mientras que la fracción resto debería reducirse de las 13.000 actuales a 10.000. El ámbito de la actuación se limita a 3.961 metros cuadrados ya ocupados por el vertedero actual y su planta de compostaje.
El visto bueno no es un cheque en blanco. Las autoridades exigen integrar varios controles, desde un balance de emisiones de efecto invernadero por el aumento de camiones hasta una vigilancia geológica constante durante las obras.
La zona es sensible. Los trabajos deben estar bajo la lupa científica del Geoparc Orígens y el plan debe incluir medidas de revegetación con especies autóctonas específicas, como el roble andaluz o el quejigo, para minimizar el impacto en el entorno del conector Montllobar-Vileta.
La fauna no queda fuera del radar. El documento ambiental deberá concretar cómo se protege al milano real, una especie en peligro que habita en las inmediaciones. Gestionar las aguas pluviales y cumplir los límites de contaminación lumínica en este paraje pirenaico son las otras dos condiciones obligatorias.
El plan es ahora una realidad administrativa. Tremp mantiene su rol de servicio técnico para toda la región. El informe pierde su vigencia si el Plan especial urbanístico no se aprueba en los próximos cuatro años.
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