Ampliación de la subestación de Sant Fost: 3,3 millones de inversión
La Generalitat autoriza a Red Eléctrica de España a ampliar la subestación de Sant Fost con una nueva reactancia, una obra de gran envergadura para la red de transporte.
La subestación eléctrica de Sant Fost de Campsentelles va a ganar músculo técnico. La Generalitat ha dado luz verde a Red Eléctrica de España para que amplíe sus instalaciones con una nueva reactancia de 100 MVAr, una obra valorada en 3.321.635 euros.
Datos clave
- Inversión
- 3.321.635 €
- Plazo ejecución
- 2 años
- Ubicación
- Sant Fost de Campsentelles
- Recurso
- 1 mes
Esta intervención, diseñada para mejorar la gestión de la energía reactiva en la red de transporte de la zona, ocupará una de las posiciones de reserva ya existentes en el parque de 220 kV. El proyecto, redactado por el ingeniero David González Jouanneau, ya cuenta con el informe favorable de compatibilidad urbanística, lo que evita al promotor pasar por el control municipal habitual para estas obras.
El despliegue técnico es considerable, con conductores de aluminio-acero dispuestos en tres niveles de altura, llegando hasta los 15 metros en los tendidos superiores. La instalación mantendrá una tensión nominal de 220 kV y una tecnología convencional exterior, consolidándose como un nodo clave para la resiliencia del suministro en el área.
El trámite ha seguido su curso sin sobresaltos. Durante el periodo de información pública abierto a principios de 2026, no se presentaron alegaciones contra el proyecto. Tanto eDistribucion como el Ministerio para la Transición Ecológica informaron favorablemente, mientras que el Ayuntamiento de Sant Fost, al no pronunciarse, ha dado su conformidad por silencio administrativo.
Red Eléctrica de España tiene ahora un plazo máximo de dos años para completar la puesta en servicio de esta reactancia, contando desde la publicación oficial de la resolución. La administración, por su parte, se reserva el derecho de realizar inspecciones durante y después de los trabajos para verificar que todo se ajusta al proyecto aprobado.
Las obras deberán cumplir con una larga lista de normativas de seguridad industrial y técnica. En caso de incumplimiento, la Generalitat tiene potestad para anular la autorización. La empresa, como peticionaria, asume toda la responsabilidad sobre la seguridad de los trabajadores y terceros durante la ejecución.
Si alguien considera que esta decisión vulnera sus derechos, el camino administrativo sigue abierto. Cabe interponer recurso de alzada ante el Secretario de Transición Ecológica en el plazo de un mes desde esta notificación. No es el final, pero es el paso definitivo para que la nueva reactancia entre en funcionamiento.
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