Luz verde a las baterías y la subestación de FRV Rubí
La Generalitat valida el proyecto de almacenamiento de energía eléctrica y su subestación de conexión en Rubí con 11 condiciones estrictas para proteger el entorno.
El proyecto de una nueva planta de almacenamiento de energía y una subestación eléctrica en Rubí ha superado su trámite ambiental, aunque el camino no ha sido sencillo. Tras meses de ajustes documentales y un informe desfavorable del propio Ayuntamiento de Rubí, la Generalitat ha dado luz verde a la iniciativa promovida por FRV Robles, S.L., y un grupo de empresas energéticas. El visto bueno no es un cheque en blanco.
Datos clave
- Capacidad
- 48.930 kW
- Localización
- Suelo rústico en Rubí
- Estado
- Informe ambiental favorable
La instalación se ubicará en suelo rústico protegido de valor agrícola. El proyecto comprende una planta de 40 módulos de baterías, con una potencia total de 48.930 kW, además de una subestación colectora que elevará la tensión para inyectarla a la red de transporte de Red Eléctrica de España.
La resolución impone hasta 11 condicionantes técnicos muy concretos para mitigar el impacto. Entre ellos, el promotor deberá adaptar el cierre perimetral de la planta para facilitar el paso de pequeña fauna, además de instalar una barrera vegetal con especies autóctonas en todo el perímetro para suavizar el efecto visual en el entorno de Can Balasc.
Las medidas acústicas también están bajo lupa. Durante la fase de obras, el horario de trabajo se limitará estrictamente de 8 a 20 horas en las zonas urbanizadas, y el parque de maquinaria deberá instalarse lo más lejos posible de las viviendas.
El respeto al patrimonio es otro punto crítico. El entorno es rico en yacimientos arqueológicos y paleontológicos, por lo que cualquier hallazgo accidental durante los movimientos de tierra obligará a detener las máquinas y avisar al Departamento de Cultura en un plazo máximo de 48 horas.
El Ayuntamiento de Rubí había solicitado frenar el proyecto. Argumentaba que el municipio ya supera el 10 por ciento de ocupación de suelo no urbanizable, lo que genera una presión sobre el territorio que consideran límite.
La administración foral ha hecho oídos sordos a esa petición de freno. Las empresas tienen ahora el permiso para avanzar, pero deben presentar un informe final al Servicio de Proyectos una vez concluyan las obras para verificar que todo se cumple.
El expediente es definitivo.
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