Luz verde ambiental para la granja avícola de 39.643 plazas en Amposta
La Generalitat valida el impacto ambiental de la explotación de SAT Granja El Pilar en Amposta, aunque condiciona su viabilidad a que la empresa obtenga una nueva concesión de agua.
La Generalitat ha dado luz verde a la declaración de impacto ambiental de la granja avícola que la empresa SAT Granja El Pilar opera en Amposta. La explotación, situada en el polígono 24, parcela 238, mantiene su capacidad de 39.643 gallinas reproductoras pesadas, pero debe regularizar su situación ante la normativa vigente sobre prevención y control ambiental.
Datos clave
- Capacidad
- 39.643 gallinas reproductoras pesadas
- Ubicación
- Polígono 24, parcela 238, Amposta
- Gestión hídrica
- Requiere nueva concesión ante la CHE
- Vigencia
- 4 años
El visto bueno llega tras un procedimiento en el que se han evaluado los riesgos hídricos, acústicos y de incendios. El proyecto, conocido como Granja Antic, cumple con los estándares exigidos para este tipo de instalaciones, siempre que se sigan estrictamente las medidas correctoras impuestas por la Ponencia Ambiental.
La empresa tiene un frente abierto con el agua. La Confederación Hidrográfica del Ebro advierte que debe tramitar una nueva concesión para el pozo propio, dado que el expediente previo fue archivado por desistimiento. Sin esta autorización, la viabilidad futura de la granja queda en el aire.
La gestión de los residuos, en cambio, cuenta con el visto bueno foral. La gallinaza se retira mediante un gestor autorizado, y la empresa dispone de una póliza agroganadera para la eliminación de cadáveres. La media de bajas anuales se sitúa en torno a 6.000 ejemplares por lote.
Las instalaciones ocupan 7.304 metros cuadrados, dentro de un recinto vallado de 48.331 metros. La actividad se sitúa cerca del área vital del águila perdicera, pero los informes técnicos aseguran que la explotación no supone un riesgo para esta especie protegida.
La resolución publicada ahora en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya tiene una vigencia de cuatro años. Si el proyecto no comienza su ejecución en este plazo, el acuerdo caducará automáticamente.
El entorno natural es su mayor juez.
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