Luz verde al desarrollo urbanístico del sector Borràs en Castellbell
La Generalitat ha dado su visto bueno ambiental al plan que debe reordenar el sector Borràs en Castellbell i el Vilar. El proyecto, que incluye 76.761 metros cuadrados, deberá ahora integrar estudios de movilidad y agua.
El sector Borràs de Castellbell i el Vilar tiene vía libre para seguir adelante con su transformación urbanística. La Generalitat ha emitido el informe ambiental estratégico favorable, una pieza necesaria para desbloquear el desarrollo de estos 76.761 metros cuadrados que llevaban años en un limbo jurídico.
Datos clave
- Estado
- Informe ambiental favorable
- Superficie
- 76.761 m²
- Suelo público
- 68,63% del total
- Vigencia
- 4 años para su aprobación
La decisión oficial evita que el plan tenga que someterse a una evaluación ambiental ordinaria, un trámite mucho más complejo y largo. Para llegar aquí, el Ayuntamiento ha tenido que corregir el rumbo después de que, en 2016, una sentencia judicial anulara el anterior proyecto de reparcelación por falta de viabilidad económica.
Ahora, el plan propone un modelo más compacto. El 68,63 por ciento del suelo pasará a ser de titularidad pública, frente al 53,2 por ciento que preveían las normas de 1985. El diseño se organiza en torno a la avenida Catalunya y la calle Rosa d'Abril, con edificios de planta baja más dos o tres plantas piso que se adaptan a la pendiente del terreno.
No todo es construir. El informe impone condiciones estrictas para garantizar la sostenibilidad. El Ayuntamiento deberá acreditar la capacidad de abastecimiento de agua y saneamiento para las nuevas viviendas, un punto que aún no estaba resuelto en la documentación inicial. También se exige un estudio de movilidad para asegurar que el sistema viario actual pueda absorber el tráfico previsto.
El entorno se toma muy en serio. El proyecto debe proteger dos elementos de piedra seca catalogados y asegurar que la iluminación nocturna sea respetuosa con el medio natural, especialmente en los lindes con el suelo no urbanizable. Además, el plan tendrá que calcular el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero para alinearse con los compromisos climáticos vigentes.
El plan es ahora una realidad legal. La pelota vuelve al tejado municipal. Las futuras obras deberán integrar estas medidas en sus proyectos ejecutivos y fichas urbanísticas para evitar problemas futuros. El informe pierde su validez si el Ayuntamiento no aprueba definitivamente la modificación en un plazo máximo de cuatro años.
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