Alcarràs permite a Ramaderia GI-ES ampliar su granja a 4.160 plazas

La Generalitat ha dado luz verde a la ampliación de una explotación porcina en Alcarràs, en el Segrià. La empresa Ramaderia GI-ES, SCP, podrá casi duplicar su capacidad productiva actual, pasando de las 2.000 plazas actuales a un total de 4.160 cerdos de engorde. El plan contempla la construcción de dos nuevas naves ganaderas y una balsa de almacenamiento de purines.

Todo este despliegue se ubicará en la parcela 24 del polígono 8, una zona agrícola de regadío donde ya opera la granja. El impacto ambiental, según el informe técnico de la Ponencia Ambiental, se considera moderado y compatible con el entorno, siempre y cuando se apliquen las medidas preventivas exigidas. Se ha descartado que la obra afecte a espacios naturales protegidos, zonas húmedas o elementos del patrimonio histórico local.

La gestión de los residuos es el punto que ha requerido más atención por parte de las administraciones. La explotación se encuentra en una zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos, lo que ha obligado a la empresa a comprometerse a gestionar la totalidad de sus deyecciones fuera del marco agrario mediante gestores autorizados. Una planta de compostaje se encargará de convertir estos restos en un recurso, evitando así el vertido directo en el terreno.

El proyecto, que lleva años en tramitación desde su solicitud inicial en septiembre de 2018, no ha recibido alegaciones durante los períodos de exposición pública. Tampoco se espera un aumento significativo de los olores, dado que, al ser una ampliación, no se crean nuevos focos emisores. El ruido, tanto en la fase de construcción como durante la actividad, se ha calificado como compatible con el entorno, lejos de los núcleos de población más cercanos.

La empresa deberá, no obstante, mantener un estricto control. El plan de vigilancia ambiental exigido obligará a realizar análisis periódicos de la calidad del agua, tanto superficial como subterránea, en puntos de control específicos. Además, si durante las excavaciones apareciera cualquier resto arqueológico, las obras deberán detenerse de forma inmediata para dar aviso al Departamento de Cultura.

El visto bueno oficial ya es firme.