Luz verde a la séptima ampliación de la gravera La Closa en Bellpuig

La actividad extractiva de arenas y gravas en Bellpuig, conocida en la zona como La Closa, suma una nueva etapa a su historial. La Generalitat ha dado luz verde a la séptima ampliación del proyecto, una iniciativa que ocupará 59,09 hectáreas repartidas por cinco polígonos del término municipal leridano. Se trata de un proyecto que busca dar continuidad a la actividad minera ya existente en la zona, aprovechando la infraestructura ya consolidada.

El plan prevé la extracción de algo más de 3,38 millones de metros cúbicos de material a lo largo de una vida útil estimada de 18 años. La producción media anual rondará los 156.000 metros cúbicos de grava, destinados principalmente al sector de la construcción y obra pública. La empresa promotora, Arenes Bellpuig, SL, deberá seguir un cronograma estricto para que la explotación y la restauración del terreno vayan de la mano, evitando que queden grandes extensiones de suelo degradado durante largos periodos.

La restauración es, de hecho, uno de los ejes centrales de esta declaración. El proyecto obliga a integrar la rehabilitación de las fincas de manera simultánea al avance de los trabajos. Esto incluye el decapado previo de 50 centímetros de tierra vegetal, que deberá ser almacenada para su posterior uso. Al finalizar la explotación, los terrenos deberán recuperar su uso agrícola original, principalmente para cultivos de secano, integrándose morfológicamente con las parcelas circundantes.

El entorno donde se ubica esta séptima ampliación, dentro del espacio protegido de los Secans de Belianes-Preixana, ha condicionado las medidas ambientales. La normativa establece que la superficie en explotación simultánea no debe superar las 180 hectáreas. Además, el promotor está obligado a compensar la afectación sobre los hábitats de aves esteparias, como el sisón y el cernícalo primilla, con una superficie de compensación tres veces mayor al área explotada.

Las medidas de control no terminan con la extracción. La declaración de impacto ambiental impone un programa de vigilancia que el promotor deberá ejecutar con rigor. Entre las obligaciones figuran el control de la calidad de los materiales para la restauración, la supervisión de los drenajes para evitar zonas deprimidas y la gestión de cualquier residuo generado por la maquinaria. Un registro de incidencias será la herramienta clave para que las autoridades puedan comprobar, año tras año, que el proyecto cumple con lo prometido.

El respeto al medio hídrico y a la calidad del aire también forma parte del pliego. No se prevé la instalación de estructuras fijas ni consumo de energía eléctrica, ya que la maquinaria será móvil y operará únicamente en horario diurno. Para minimizar el polvo, el riego periódico de los caminos internos será obligatorio, y cualquier derrame accidental de fluidos de las máquinas deberá ser gestionado inmediatamente por un gestor autorizado.

La autorización ambiental es firme. La resolución destaca que el impacto global se califica de moderado, compatible con los valores naturales del territorio siempre que se sigan estas pautas. Es el resultado de un largo expediente que, desde aquel primer informe de 1996, ha ido adaptando la actividad de La Closa a las normativas de cada época. La actividad minera sigue, aunque bajo una lupa cada vez más exigente.