Luz verde ambiental para la planta solar La Soleia en Balsareny
La Ponencia de Energías Renovables aprueba el impacto ambiental para el parque fotovoltaico en Balsareny con condiciones estrictas de protección para la fauna y el paisaje.
La planta solar La Soleia, un proyecto de 4,39 MWn de potencia, ya tiene luz verde ambiental para instalarse en Balsareny. El visto bueno llega tras un proceso largo y lleno de matices, donde la administración ha exigido corregir desde la altura de las puertas de acceso hasta la protección de la fauna local.
Datos clave
- Potencia
- 4,39 MWn / 5,424 MWp
- Superficie
- 8,65 hectáreas
- Promotor
- Gestió Solar Sostenible, SLU
- Vigencia informe
- 4 años
El emplazamiento elegido abarca 8,65 hectáreas sobre campos de secano, al suroeste del casco urbano. La Generalitat considera que el impacto es compatible, siempre y cuando la promotora Gestió Solar Sostenible cumpla con una larga lista de condicionantes. Entre los más urgentes destacan la protección del águila perdicera, que tiene un espacio vital a menos de un kilómetro, y la salvaguarda de una barraca de piedra seca catalogada que quedaría afectada por las obras.
El terreno, antiguamente utilizado como cantera, deberá someterse a un estricto control arqueológico durante los movimientos de tierra en la zona sur. Además, el proyecto deberá integrar una pantalla vegetal con especies autóctonas, como encinas y robles, para suavizar su presencia en el paisaje de la Conca Salina.
La seguridad frente a incendios es otro punto crítico. Balsareny está declarado zona de alto riesgo, y las instalaciones deberán adaptar su vallado y vegetación perimetral para evitar cualquier peligro de propagación. La promotora tendrá que revisar los costes de desmantelamiento al finalizar la vida útil de la planta, fijados en torno a 20 € por kWp.
El seguimiento será exhaustivo. Durante los dos primeros años de funcionamiento, especialistas en avifauna y quirópteros supervisarán la actividad de la planta. Informes semestrales y anuales serán necesarios para asegurar que el impacto real se mantiene bajo control.
La normativa es clara. El informe pierde su vigencia si el proyecto no obtiene la autorización definitiva en un plazo de cuatro años.
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