La planta solar La Pedrera recibe el informe ambiental en el Penedès
La Generalitat valida el impacto ambiental de la planta fotovoltaica de La Pedrera en Sant Llorenç d'Hortons, Gelida y Subirats. El proyecto debe cumplir estrictas medidas correctivas ante la oposición municipal.
La planta solar La Pedrera ya tiene el informe ambiental que necesitaba, pero el camino hasta los primeros kilovatios en Sant Llorenç d'Hortons, Gelida y Subirats está lejos de ser un paseo. La Generalitat ha dado luz verde al proyecto de 18,6 hectáreas tras concluir que no necesita una evaluación ambiental ordinaria, un paso que evita trámites adicionales pero que llega cargado de condiciones estrictas para el promotor.
Datos clave
- Plazo
- 4 años para obtener la autorización
- Potencia
- 23.990,4 kWp
- Superficie
- 18,6 hectáreas
- Línea evacuación
- 8,51 kilómetros
El proyecto, que prevé una potencia pico de 23.990,4 kWp, se enfrenta a una realidad compleja en el Penedès. El Ayuntamiento de Sant Llorenç d'Hortons se ha opuesto reiteradamente a esta implantación, argumentando que el uso de suelo agrícola estratégico y el gran impacto visual en una zona de viñedos no justifican la instalación. La administración local llegó a aprobar una modificación urbanística que suspendía las licencias en la zona, una barrera que el promotor deberá sortear bajo la atenta mirada de la Oficina de Medio Ambiente.
La lista de deberes para la empresa es extensa. El diseño del vallado perimetral debe ajustarse a las guías de integración paisajística de la Generalitat, y la línea subterránea de evacuación de 8,51 kilómetros debe vigilar especialmente su cruce con torrentes y caminos rurales. Además, se han exigido prospecciones previas para proteger especies como la mariposa del espantalobos o la víbora hocicuda.
La seguridad frente a incendios es otro punto crítico, dado que el municipio está clasificado como zona de alto riesgo. Las simulaciones indican que un incendio en la planta podría afectar a 75,46 hectáreas en tres horas bajo condiciones adversas. Por ello, el promotor está obligado a mantener franjas de seguridad y disponer de medios de extinción permanentes.
El proyecto debe ser ahora autorizado en un plazo máximo de cuatro años. Si el tiempo pasa y las máquinas no empiezan a trabajar, el informe perderá toda su validez legal. Los vecinos de los tres municipios afectados observan cómo, entre el interés por la energía renovable y la protección del paisaje vitivinícola, la burocracia sigue marcando el paso.
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