Luz verde ambiental para la planta solar Pinyol en Sunyer y Alfés
La planta fotovoltaica de Ríos Renovables en el Segrià supera el trámite ambiental con una veintena de condiciones, incluida la recuperación de 26,68 hectáreas de hábitat para aves protegidas.
El proyecto para la planta solar fotovoltaica Pinyol, una iniciativa impulsada por Ríos Renovables, SLU, ha superado su trámite de evaluación de impacto ambiental. La Generalitat ha resuelto que la instalación, con una potencia de 4,80 MW, no requiere una evaluación ordinaria al no prever efectos significativos en el medio ambiente.
Datos clave
- Potencia
- 4,80 MW
- Superficie
- 8,9 ha
- Hábitat a recuperar
- 26,68 ha
- Vigencia informe
- 4 años
La infraestructura se ubicará sobre 8,9 hectáreas de terrenos agrícolas repartidos entre los términos de Sunyer y Alfés, en la comarca del Segrià. Se trata de una zona donde, según indica el informe, ya se han realizado diversas actuaciones de regadío vinculadas al canal Segarra-Garrigues.
El diseño contempla 7.062 módulos fotovoltaicos, que se apoyarán directamente sobre el terreno mediante estructuras hincadas para evitar el uso innecesario de hormigón. La energía generada se evacuará a través de una línea subterránea de 2,4 kilómetros de longitud hasta el parque solar El Pla.
Las administraciones y entidades consultadas han impuesto una veintena de condiciones técnicas. Entre las más destacadas, se exige proteger las estructuras de piedra seca que puedan aparecer y respetar un calendario de obra que evite la época de cría de aves protegidas, como el aguilucho cenizo, entre el 15 de marzo y el 1 de agosto.
La presencia del águila perdicera, una especie protegida, ha condicionado el proyecto. Ríos Renovables deberá ejecutar medidas compensatorias en una proporción de 1:3, lo que supone recuperar 26,68 hectáreas de hábitat favorable para la biodiversidad, preferiblemente dentro de la red Natura 2000.
El proyecto ha despertado posturas encontradas. La Unió de Pagesos de Catalunya solicitó formalmente la anulación del expediente, alegando incumplimientos en el análisis de las afectaciones agrarias y en la justificación de las alternativas de ubicación elegidas.
La resolución ya es pública. El promotor dispone ahora de un plazo de cuatro años para obtener la autorización definitiva del proyecto. Si no lo logra en este tiempo, este informe de impacto ambiental perderá su validez y tendrá que volver a empezar.
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