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Alta-riba reordena el entorno de su castillo con fines turísticos

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La Generalitat autoriza la reordenación urbanística en el núcleo de Alta-riba. El proyecto busca crear un área de servicios turísticos y un espacio verde junto al castillo, exigiendo medidas estrictas contra la erosión.

El castillo de Sant Miquel, en Alta-riba, va a cambiar de vecinos. El Ayuntamiento de Estaràs ha recibido luz verde para avanzar en la reordenación urbanística del entorno de esta joya histórica, clasificada como bien cultural de interés nacional. El informe ambiental recién publicado despeja el camino administrativo, descartando la necesidad de una evaluación ambiental estratégica ordinaria al considerar que los impactos sobre el entorno no son significativos.

Datos clave

Superficie
1.166,37 m2
Uso previsto
Zona verde y sector terciario
Patrimonio
Castillo de Sant Miquel (BCIN)
Vigencia
4 años para aprobar la modificación

El proyecto pretende transformar 1.166,37 metros cuadrados de suelo no urbanizable en urbano. La idea es doble: crear un anillo de zona verde pública alrededor de la fortaleza y habilitar un nuevo espacio de uso terciario destinado al turismo, una apuesta por dinamizar la economía local mediante equipamientos comerciales u hosteleros.

No todo es abrir la puerta a nuevos usos. El terreno presenta pendientes superiores al 20 por ciento en su vertiente este, lo que obliga a trabajos de desmonte y reperfilado. Esta particularidad geomorfológica, sumada a la cercanía del castillo, ha marcado las condiciones que la Generalitat impone para que el desarrollo no se descontrole.

Los promotores deberán equilibrar el balance de tierras y minimizar el riesgo de erosión del cerro. Además, el proyecto de zona verde exigirá renaturalizar el entorno empleando exclusivamente especies autóctonas. La normativa urbanística deberá reflejarse en un nuevo artículo 72 bis del Plan de ordenación urbanística municipal.

El visto bueno está condicionado a integrar los cambios que ha solicitado el Departamento de Cultura para proteger la integridad del yacimiento. La Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de Lleida mantendrá el control sobre cada intervención futura en la zona. El plazo para que el Ayuntamiento culmine la aprobación definitiva es de cuatro años.

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