Luz verde ambiental para la planta solar El Pla en Alfés
La Generalitat da el visto bueno ambiental al proyecto fotovoltaico de Ríos Renovables en El Segrià, aunque impone estrictas medidas compensatorias por el impacto en el águila perdicera.
El municipio de Alfés, en la comarca de El Segrià, encara un nuevo proyecto fotovoltaico bajo la lupa de la administración ambiental catalana. La planta solar El Pla, promovida por la sociedad Ríos Renovables, ha obtenido el visto bueno tras un largo camino administrativo que comenzó a principios de 2024, aunque el permiso llega cargado de deberes.
Datos clave
- Potencia
- 4,80 MWp
- Superficie
- 8,9 hectáreas
- Medidas compensatorias
- 10,6 hectáreas de hábitat agrícola
- Línea evacuación
- 13.600 m hasta Albatàrrec
El proyecto, que pretende instalar 4,80 MWp sobre una parcela de 8,9 hectáreas, no ha pasado desapercibido para las entidades agrarias y de conservación. La zona elegida, un entorno de regadío marcado por la homogeneización del paisaje agrario, se sitúa en un área de campeo del águila perdicera, una especie protegida en peligro de extinción. Esta particularidad ha obligado a endurecer las condiciones para que la obra pueda seguir adelante.
La Ponencia de Energías Renovables ha exigido a la empresa que compense el impacto en al menos 10,6 hectáreas de hábitat agrícola, buscando restaurar espacios degradados o fomentar prácticas de agricultura ecológica. Además, la promotora deberá implementar un cierre cinegético permeable para la fauna y mantener una cobertura herbácea bajo las placas para favorecer la biodiversidad local.
La infraestructura de evacuación es otro punto crítico del expediente. La línea eléctrica subterránea recorrerá 13,6 kilómetros hasta llegar a la subestación de Albatàrrec, cruzando cauces públicos que requerirán una vigilancia estricta durante las obras. Cualquier hallazgo arqueológico, especialmente la fosa 252 de Tossal Gros, obligaría a detener los trabajos inmediatamente.
El proyecto queda ahora condicionado a la aprobación final de sus infraestructuras de evacuación y a la validación de todas estas medidas compensatorias por parte de la Oficina Territorial Ambiental de Lleida. El informe tiene una vigencia de cuatro años.
Las ausencias escuecen. Las alegaciones de entidades agrarias han sido intensas. La empresa insiste en el encaje.
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